El autor considera que lo únicos perjudicados con el primer acuerdo adoptado en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil son los propietarios, quienes deberán llegar hasta la Corte Suprema antes de recuperar sus bienes. En tal sentido, considera que el Juzgado de Paz letrado debería conocer en primera instancia el proceso de desalojo, en caso de vencimiento de contrato y en caso de posesión precaria con una cuantía menor de 50 URP.

En referencia a la tesis de constituir en mora al usucapiente, el autor sostiene que no es posible entender que la relación entre aquel y el verdadero propietario pueda ser considerada como una relación obligatoria. Por ello, argumenta que no sería aplicable la constitución en mora.