Según reveló una investigación del diario El Comercio, la medida cautelar viene siendo investigada por la OCMA e involucra a la jueza Noemí Castillo, quien la ordenó cuando dirigía el Segundo Juzgado Civil del Callao.

El 7 de mayo del 2013, el Colegio de Notarios del Callao, representado por su decano, Francisco Villavicencio, presentó tres demandas en simultáneo ante el Poder Judicial. Su propósito era suspender el concurso que el  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó en febrero del 2013.

De las tres demandas de amparo presentadas por el Colegio de Notarios del Callao, dos ingresaron al Tercer y Primer Juzgado Civil del Callao, pero ambas fueron declaradas improcedentes. 

Sin embargo, una ingresó al Segundo Juzgado Civil, entonces encabezado por la jueza Noemí Nieto. Ella admitió la demanda e hizo lo mismo con un pedido de medida cautelar presentado el 1 de agosto de ese mismo año. Con ello, el concurso del Minjus fue frenado en el Callao.

Pero aquí no acaba la historia. El 9 de noviembre el Colegio de Notarios de San Martín, que no renueva hace 10 años sus plazas de notarios, pidió ser incluido como litisconsorte facultativo en el proceso, es decir, como codemandante con interés en la medida presentada por el Callao, solicitando, a su vez, el mismo beneficio.

La jueza Noemí Nieto decretó el 11 de noviembre la incorporación de San Martín al proceso y el 3 de diciembre otorgó el mismo beneficio a los colegios de notarios de Piura y Tumbes, que también se sumaron como codemandantes. De esta manera, ya no era solo el Callao sino cuatro las provincias que frenaban el concurso del Minjus. 

Por si fuera poco, el diario regional “Voces”, publicó un correo electrónico de abril del 2013, supuestamente escrito por el notario de La Perla, Pedro Núñez, en el que dice a sus colegas que “si todo sale bien” les reenviará la copia de la medida cautelar admitida. El correo habría sido escrito antes de que la demanda del Callao fuera enviada al Poder Judicial.

Actualmente, la jueza Noemí ha sido removida de su cargo y enviada a un juzgado de paz letrado. LaLey.pe confirmó que el expediente fue redistribuido al Cuarto Juzgado Civil del Callao, a cargo del juez Roberto Calderón.

Con ocasión de las vacaciones judiciales, el expediente fue asumido por el Sexto Juzgado Civil, a cargo de Wilfredo Calderón. Este juez, con fecha 7 de febrero del 2014, declaró nulo todo lo actuado por defectos en la relación procesal, negando la legitimidad activa del Colegio de Notarios del Callao y de sus litisconsortes. Es decir, porque no estaban autorizados para invalidar la ley que promovió el concurso público.

Sin embargo, cabe precisar que, si bien es cierto, el proceso de amparo ha sido declarada nulo, el concurso público del Minjus sigue paralizado en estas cuatro regiones debido a que sigue vigente la medida cautelar, presentada el 1 de agosto y admitida el 8 de ese mes por el entonces despacho de la jueza Noemí Nieto.

Para que la medida cautelar quede sin efecto, la nulidad de todo lo actuado en el proceso debe ser confirmada por la Sala Superior competente, a fin de que alcance autoridad de cosa juzgada. Mientras esto no ocurra, el concurso de plazas notariales del Minjus seguirá paralizado. 

Expediente 01169-2013-0-0701-JR-CI-02 by La Ley

El Ministerio de Justicia, amparado en la Ley N° 29933 que modificó el artículo 9 de la Ley del Notariado sobre plazas notariales en el territorio de la República, abrió un concurso público para ampliar las plazas  notariales en el país. Las razones parecen ser claras: conforme crece la población se necesitan más notarios que los atiendan.

Los ingresos de un notario, por su parte, se rigen por la cantidad de clientes que tenga. Es decir, si las plazas no se cubren en una determinada ciudad, los notarios tendrán más clientes que atender y, por lo tanto, obtienen mayores ingresos económicos. Por ello, la competencia no siempre es grata.

Según el Plan de control sobre el direccionamiento y ruleteo de demandas de la OCMA, se denomina “ruleteo” a la acción utilizada por algunos litigantes de presentar simultáneamente varias demandas ante distintos juzgados con el fin de que una de ellas llegue a un juez determinado, quien aparentemente favorecería la misma.

Es una manera de alterar el sistema aleatorio de ingreso de demandas a los órganos jurisdiccionales, el cual, precisamente, es una garantía de la administración de justicia que asegura la imparcialidad y neutralidad en la distribución de los casos.