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Viernes, 4 de abril de 2014 | Leída 1918 veces
CONFUSIÓN QUE GENERA MÁS CONFUSIÓN

Megacomisión y Presidente García

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La sentencia del Juez Constitucional que anula el trabajo de la Megacomisión no constituye ni interferencia de poderes, como ha manifestado el Presidente del Congreso, ni una expresión de impunidad como ha declarado el ex Procurador Arbizu.

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Escribe César Nakazaki
 
 
Como he venido manifestando a partir de la aplicación del Derecho Parlamentario; las investigaciones encargadas por el Pleno a comisiones que se crean, las llamadas comisiones parlamentarias o comisiones investigadoras; no tienen por objeto investigar a altos funcionarios públicos por la posible comisión de delitos o infracciones constitucionales. 
 
El artículo 97 de la Constitución establece claramente que el objeto de las comisiones de investigación son asuntos de interés público. Cuando se estudia en el Derecho Parlamentario qué debe entenderse por asunto de interés público, se establecen que son aquellos problemas sociales o institucionales que deben ser conocidos para determinar el tratamiento legislativo que corresponde darles desde el Congreso de la República; por ejemplo los problemas de funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana; las fallas de los sistemas de contratación estatal que no permiten frenar la corrupción; la penetración del narcotráfico en el Poder Ejecutivo, etc.; incluso el Congreso puede investigar temas de tal amplitud que no pueden ser abracados solamente por el Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, etc.
 
Lo que es uniforme en el Derecho Parlamentario es el fin de una investigación por una comisión del Congreso; conocer un problema a fin de determinar si la legislación es idónea para solucionarlo, o debe ser modificada, o creada, según cada caso. 
 
Nadie en el Derecho Parlamentario sostiene que las comisiones investigadoras tienen por objeto verificar delitos o infracciones constitucionales; reitero, ni es su competencia, ni tienen la organización y experiencia para hacerlo; como ha quedado claramente demostrado en el trabajo de la llamada megacomisión.
 
La megacomisión debió investigar si los sistemas de control que existen en el gobierno funcionaron o no en el régimen del Presidente Alan García, a fin de determinar la necesidad de alguna intervención legislativa; ni siquiera podrían invocar su labor de fiscalización, pues ésta se ejerce mientras que el gobernante o los ministros ejercen el cargo, no con posterioridad.
 
Es absurdo argumentar que como se trata de una comisión investigadora las personas que son llamadas a brindar información son investigados; la condición no la determina el nombre del órgano que investiga, sino, una vez más, el objeto o propósito; el conocimiento de un asunto de interés público.
 
Ninguna de las personas que asisten a las comisiones parlamentarias puede tener la condición de investigado; cuando el artículo 97 establece la obligatoriedad de la comparecencia y la posibilidad de utilizar apremios para garantizarla, no establece que la persona obligada a informar es un investigado, sino un testigo; porque técnicamente, es el rol que le corresponde a toda persona que tiene información sobre el asunto que se investiga. 
 
Los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución de 1993 distinguen claramente las investigaciones parlamentarias del desafuero, del antejuicio, y del juicio político. 
 
El desafuero es el proceso parlamentario que tiene por objeto el levantamiento de la inmunidad por la comisión de un delito común durante el ejercicio del cargo público, por ejemplo el caso de un Congresista de la República que fue procesado penalmente por delito sexual.      
 
El antejuicio es el proceso parlamentario que tiene por objeto el levantamiento de la inmunidad en el caso que a un alto funcionario público se le pueda imputar la comisión de un delito de función.
 
El juicio político es el proceso parlamentario que tiene por objeto determinar si un alto funcionario público ha cometido infracción constitucional, que no es sinónimo de delito; existen muchos ilícitos; civiles, comerciales, tributarios, laborales, etc.; los más graves son delitos. La llamada infracción constitucional es una violación a la Constitución, un ilícito constitucional, que investiga, juzga y sanciona el Congreso de la República.
 
La inhabilitación que establece el artículo 100, primer párrafo, de la Ley Fundamental, es una sanción constitucional, no una pena, pues ésta solamente es consecuencia del delito.
 
El problema del juicio político, como vengo afirmando desde el año 2000 en todos los que me tocó intervenir como defensor, es la violación del principio constitucional de legalidad que implica sancionar, en este caso inhabilitar, por un hecho que se califica como infracción constitucional, ejemplo el caso del Presidente Fujimori, sin que previamente se haya tipificado en la ley las conductas que configurarían infracción constitucional; así por ejemplo para demostrar el vacío siempre pregunté: ¿La infracción constitucional es comisiva u omisiva?; ¿dolosa o culposa?; ¿admite solamente autor o también partícipe?; ¿existen infracciones constitucionales más graves y menos graves dado a que la inhabilitación es hasta 10 años?.
 
Preguntas que hasta hoy no tienen respuesta porque no se ha desarrollado una ley que defina las infracciones constitucionales y los criterios para determinar el tiempo de inhabilitación; el Tribunal Constitucional solamente ha avanzado, lo que por cierto es reconocido, exigiendo el respeto del principio de legalidad; es decir la definición legal del ilícito constitucional de manera previa, clara, escrita y estricta.
 
Tampoco es la sentencia de amparo una manifestación de impunidad; desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en el Caso del Tribunal Constitucional, ha quedado claro que los procesos parlamentarios, en el caso concreto el antejuicio, se rige por la garantía procesal constitucional del debido proceso, al establecer por ejemplo la anulación del antejuicio seguido contra los miembros del Tribunal Constitucional porque no se les permitió ejercer defensa participando en la actuación de la prueba testifical.
 
Aquí el inicio de la confusión de la megacomisión, no imaginado por sus integrantes y asesores legales; pues al asignar a los concurrentes a la investigación, principalmente al Presidente García, la condición de investigado, y sobre todo, formular imputaciones no sólo contra éste, sino contra otros asistentes; esa desnaturalización del objeto de la investigación parlamentaria automáticamente generó un conjunto de derechos fundamentales que integran el debido proceso, y que nacen, no por el objeto de la investigación, sino por la asignación de la condición de investigado e imputado que erradamente asignó la megacomisión, no me queda claro si por desconocimiento o injerencia política.
 
La confusión creó confusión; corresponde al Derecho despejarla.
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9 Comentarios
Porfirio Peralta A.
Fecha: Lunes, 28 de abril de 2014 a las 15:07
Se está haciendo costumbre el crear COMISIONES INVESTIGADORAS, y el único fin que tienen es la persecusión política a la vez beneficiarse con los recursos económicos que se les dá. Si no poseen la calidad y conocimientos jurídicos (asesores incluidos) para entender: ¿No conocen el Derecho Parlamentario? ¿Porqué quieren suplantar al Poder Judicial? ¿No conocen cuales son sus atribuciones en este campo?
HERNAN
Fecha: Domingo, 20 de abril de 2014 a las 16:57
PIENSO, QUE LAS FAMOSAS COMISIONES O MEGA COMISIONES DEL CONGRESO, NO SIRVEN PARA NADA NI TIENEN LA POTESTAD PARA HACER INVESTIGACIONES, PARA DETERMINAR QUE ES DELITO O QUE NO LO ES. CREO QUE DEBERIAN DE LIMITARSE A LO SUYO CUESTIONES POLITICAS Y CUANDO UN FUNCIONARIO COMETA UN ILICITO LEVANTARLE LA FAMOSA INMUNIDAD QUE PARECE IMPUNIDAD Y DENUNCIARLO AL PODER JUDICIAL, EN LO QUE RESPECTA A MODIFICACIONES DE CIERTAS NORMAS O PRERROGATIVAS QUE SE DAN EN MUCHOS GOBIERNOS PARA DARLE LEGALIDAD A CIERTOS DELITOS, AHI ES DONDE DEBERIAN DE INTERVENIR CERRAR EL PASO A LA CORRUPCION, COMO EN EL CASO DE LOS FAMOSOS DECRETOS LEYES, QUE SE HICIERON AL ANTOJO DE FUJIMORI PARA LAS FAMOSAS PRIVATIZACIONES. QUE CUMPLAN CON SU FUNCION DE VELAR POR EL INTERES PUBLICO Y EL BIENESTAR GENERAL. AUNQUE DEMAS ESTA DECIRLO LO DEVALUADO QUE SE ENCUENTRA NUESTRO CONGRESO. OTORONGO NO COME OTORONGO.
rolando pepe
Fecha: Viernes, 18 de abril de 2014 a las 23:11
yo creo que por la salud politica del señor garcia, en cuanto a su segunda gestion como gobernante yo seria de la opinion asi como de muchos que se debería poner a derecho ante los organismos competentes para efectos de demostrarle al pueblo asi como dijo en su "FRASE QUIEN NO LA DEBE NO LA TEME", de modo que todas esas imputaciones que se le estan atribuyendo como el y los srs. congresistas son inventos o persecusiones politicas, que resultando incierto y no existiendo elementos que pudieran responsabilizar al sr. garcia seria un tremendo triunfo para los seguidores del partido aprista desde esa optica los millones que se gasto en la megacomision para investigar al sr. garcia como quedaria otro refran polvora en gallinazo. mi opinion asi como de muchos no dejar creemos que no sea comola primera vez que quedo como precedente "LA PRECRIPCION".
ALFREDO PANDURO
Fecha: Viernes, 18 de abril de 2014 a las 01:22
ESTO ES UN CIRCO... NO TIENE NADA DE RARO QUE LOS ASESORES DE LOS MINISTROS Y CONGRESISTAS NO DOMINEN LOS TEMAS. NO OLVIDEMOS QUE LO QUE PRIMA PARA ELLOS, NO ES MEJORAR EL PAÍS SINO SU SITUACIÓN ECONÓMICA. BASTA YA DE LA FALSA DEMOCRACIA.
Antonio L. Coronado Rioja
Fecha: Jueves, 10 de abril de 2014 a las 18:29
El comentario es claro y preciso, no puedo pensar que a tal nivel exista tanto desconocimiento de las normas y reglamentos del Congreso, entonces cabría la pregunta ¿que calidad de asesores laboran en el congreso?. Esta claro que se trata de una injerencia política, por eso me parece entonces responsable la actuación del poder judicial, puesto que no se debe soportar el ejercicio abusivo del derecho en ninguna instancia gubernamental, mucho menos vulnerar el debido proceso en instancia administrativa.
Arnaldo Moulet
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 11:52
Un analisis pertinente hasta cierto punto dado que no queda claro desde es a perspectiva cual es el organo parlamentario que debe investigar a los altos funcionarios y cual es su competencia. Lo senalo pues se indica que una comision de investigacion no tiene esa atribucion y los otros organos se constituyen Cuando ya se determino la comision del delito y su infractor. Hay pues incertidumbre en e se aspecto, en todo caso, considero que lo resuelto por el juez constituye lo que poderia ser la carabina de ambrósio. Se dice que desde el início de la investigacion se lê debio indicar a Garcia que condicion tenia y que delito se lê imputaba. Asumo que si eso se havia Garcia hubiese alegado en contrário. Es de ir, como imputar condicion e infraccion de algo en una investigacion que recien se inicia. Una Nueva violacion al debido proceso. Nunca se podra satisfacer al "investigado" o " imputado" .
Rosa Margarita Zora Carvajal Alvarez
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 08:34
No estoy de acuerdo con el comentario sobre el Poder Judicial. Todo Juez tiene la obligacion de aplicar el control difuso de la Constitucion en todo proceso judicial , ante todo esta el derecho al debido proceso en cualquier procedimiento, investigacion, proceso judicial ante cualquier autoridad. Entonces el Juez lo unico que ha hecho es aplicar y realizar este control de acuerdo al Art. 46 y 51 de la Constitucion
cristobal silva rosas
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 05:25
Efectivamente, se ha comprobado que los asesores del congresooo no valen un chancay y eso que tienen un sueldo muy respetable, todos debe contratar un estudio de primera para que los asesore a todos y nos ahorraríamos millones.
luisa
Fecha: Viernes, 4 de abril de 2014 a las 18:10
Para eso se contratan los asesores, no tienen formación o experiencia? sea por la razón que sea da vergüenza y cólera como se dilapidan recursos económicos de todos los peruanos, ahí se van nuestros impuestos. Y no se cumple la finalidad de mejorar la gestión pública relacionada a la aplicación de las normas legales.

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