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Martes, 8 de abril de 2014 | Leída 3910 veces

El Caso García: El Poder y la Justicia

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Un intenso debate se ha abierto a propósito de la reciente sentencia del juez Velásquez, ¿el Poder Judicial está invadiendo el fuero parlamentario?, ¿es arbitraria y excesivamente formalista la sentencia que le da la razón al ex Presidente García?

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Tal vez antes de ahondar en estas cuestiones, deberíamos decir que el problema para la gran mayoría de personas no es que el ex Presidente García tenga razón, sino que el ciudadano común percibe que solo a los que tienen poder se les da la razón, porque esa misma diligencia judicial no se condice con el pobre desempeño de la justicia cuando se trata de causas de personas comunes.
 
Seguramente a estos ciudadanos les hubiese gustado ver al presidente de la Corte Superior de Lima no solo explicando la diligencia prodigada en esta sentencia, sino la razón por la que no existe la misma celeridad en resolver las cientos de miles de causas que tienen años en trámite. O por qué quienes dirigen la justicia no impulsan y lideran una verdadera reforma y eficiencia de este poder del Estado.
 
Tecnicismo o derecho de defensa
 
No obstante todas estas objeciones al sistema, en un análisis jurídicamente objetivo, es imposible cerrar los ojos y desatender a los fundamentos esgrimidos por el juez Velásquez en su sentencia. Más aún si tales argumentos son elementales y desnudan la desprolijidad con la que ha actuado el Parlamento.
 
El juez sostiene que en la citación al ex Presidente García no se ha cumplido con determinar su estatus jurídico (testigo o investigado). Tal omisión no es menor, pues al no conocer su condición legal, el citado no podía ejercer su derecho de defensa plenamente, y es evidente que la defensa de una persona varía de acuerdo a la condición de testigo o investigado.
 
Pero más allá de este defecto, que para algunos puede calificarse de tecnicismo o excesivo formalismo, el juzgado considera que es factible concluir que el ex Presidente ha sido considerado como investigado, y en tal supuesto, esto identifica otra omisión aún más grave.
 
Ya en su condición de “investigado”, el ex Presidente debió ser comunicado con el mayor detalle posible de los hechos imputados y de la presunta infracción legal cometida, además de permitírsele el acceso a los medios probatorios que sustentan las imputaciones. Todo esto con el propósito de que se cumpla con el principio de contradicción, es decir, que el investigado pueda refutar, contradecir, las imputaciones que se le formulan.
 
Así, el juzgado sostiene que el derecho a la información previa y suficiente sobre la imputación exige que la persona tome conocimiento de algunos datos mínimos que eviten un procedimiento desequilibrado, inquisitorial y sin igualdad. Se trata de la información básica que permite organizar una defensa adecuada: 1) saber cuál es el hecho imputado, es decir, de qué se le acusa; y, 2) saber cuál es el presunto ilícito cometido, esto es, qué norma del ordenamiento jurídico se habría transgredido.
 
Solo cuando se cuenta con esta información es posible formular una contradicción eficaz y dar contenido al principio de igualdad de armas. Por el contrario, nadie puede defenderse si no conoce, por lo menos de forma preliminar, cuál es la infracción que presuntamente habría cometido y los hechos que la sustentan.
 
Errores del parlamento
 
Como se ve, es jurídicamente difícil sostener que se trata de un exceso de formalismo, es más bien una clara ausencia de un mínimo de rigor legal por parte del Parlamento, y el atrincheramiento de la mayoría de parlamentarios en una concepción equivocada y largamente superada en nuestro y tiempo: que el Parlamento tiene un fuero especial y que el brazo de la justicia no le alcanza.
 
Otro erro vitando lleva a los miembros de la Megacomisión a considerar que no deben ser “tan rigurosos” en la citación de sus invitados. Ellos sostienen que dicha comisión no tiene facultades de naturaleza acusatoria, juzgadora o sancionadora, y que su mandato se limita a buscar indicios razonables de posibles irregularidades. Es decir, no le compete acusar o enjuiciar políticamente a las personas que investiga.
 
En la sentencia, el juez desbarata esta afirmación cuando sostiene que el informe aprobado de una comisión parlamentaria como la referida, sirve de base para que otras instancias en el procedimiento (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente del Pleno) tomen una decisión sobre sus conclusiones. En otros términos, si bien es verdad que dicha comisión no sanciona, su informe es el primer paso de un procedimiento que puede conducir a una sanción y, en tal sentido, es inevitable que se respete el principio de contradicción y la regla de igualdad de armas.
 
La justicia como contrapoder
 
Como decíamos al principio, el problema es más grande que el caso García, pues si un observador extranjero imparcial analizara este caso arribaría a la convicción de que está frente a un Derecho y a un sistema de justicia del primer mundo. El problema es que a este sistema solo tienen acceso quienes tienen dinero o poder.
 
El problema, entonces, no es la sentencia del juez Velásquez, sino la ineficiencia y falta de legitimidad del Poder Judicial. En el Perú hemos olvidado que la esencia del sistema de justicia es ser un contrapoder, un límite contra el abuso de los poderosos. Lo que tenemos, sin embargo, solo parece ser solo una herramienta de estos últimos.
 
Walter Gutiérrez
Director de LaLey.pe
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27 Comentarios
turgot saldivar
Fecha: Sábado, 28 de junio de 2014 a las 19:57
El comun ciudadano no entiende el mensaje.Naturalmente en una sociedad como la nuestra, la justicia para el "rico" es diferente de la que se da al "pobre". ¿Que hacer? Allí el dilema. A los defectos señalados se agrega la influencia de los poderes ocultos que que atenaza la independencia e imparcialidad y deriva hacia la corruptela.
hector jorge
Fecha: Martes, 22 de abril de 2014 a las 05:43
Todo delicuente es sinverguenza y guarda dinero para burlar la justicia, sobre todo aquel de cuello y corbata. Cadena perpetua para los funcionarios ladrones por robarle al pueblo por dedicarle el tiempo a intereses mesquino y ese dinero bien haber servido para salvar vidas humanas. Si hay corrupcion. Siempre habra delincuencia y violencia en las calles. Existe un pueblo desmotivado. Ley anticorrupcion como lo tienen los paises desarrollados. Imitemos lo bueno sino siempre seremos un pais pobrecito
federico mosqueira sequeiros
Fecha: Sábado, 12 de abril de 2014 a las 17:49
Ahora, si es ajustado a ley, por que rasgarnos las vestiduras. Porque se trata de AGP ?. No me parece correcto. Si la magacomisión de pasó años investigando y para ello usó recursos públicos abultados ya a la fecha, lo que queda es aplicar la ley, porque el funcionario público o quien trabaja para el Es
Federico Mosqueira Sequeiros
Fecha: Sábado, 12 de abril de 2014 a las 17:41
Vayamos por partes. El común de los ciudadanos nos quejamos de que el poder judicial o el mp estan digitados y sólo resuelven por motivaciones. Pero tampoco podemos cerrar de resoluciones judiciales en casos emblemáticos como el que comentamos. Lo que nos debe preocupar es si esas resoluciones est
Juan Nikolas
Fecha: Miércoles, 9 de abril de 2014 a las 11:38
Hablar del Poder y la Justicia, es simplemente hacer "comentarios" "pareceres" que la final resultan estériles. Un buen análisis y crítica de conciencia es hablar de la Debilidad y el Poder; es decir de la eterna lucha de contrarios, que no es solo clases sino estructuras. Acá estamos ante la debilidad del Estado o de la Justicia, es cuestión de ubicarse.
José del C. Chayán Custodio
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 20:22
En el caso Garcia lo que ha primado es el poder y el dinero y esos factores los tiene Garcia -
Ciro YARUPAITAN PERALTA
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 16:05
indudablemente, la medida tomada por el Juez Velasquez,. es en respeto al Debido Proceso. No obstante a ello, en nuestro País, el Debido Proceso sólo es respetado cuando lo solicitan, caso contrario los Jueces (designados a dedo) frecuentemente no lo notan.
Hans
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 14:10
De acuerdo con el comentario. Esto revela también la pobre asesoría legal de las comisiones en el parlamento, peor aún de cada Congresista. El resultado salta a la vista. La procuraduría del Congreso igual, debieran convocar a CONCURSO PUBLICO tales esenciales puestos, salvo los de "confianza" de cada Congresista. Por otro lado, el PJ digitado muestra su eficiencia, pero NO para todos los ciudadanos y eso es lo lamentable; el PJ en otros amparos dicta resoluciones en serie de rechazo liminar, sin mayor rubor, dejando que no pocas veces sea el TC el abanderado de la Justicia Constitucional en nuestro país, con sus objeciones claro, pero justicia al fin. Gracias.
Liliana
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 13:19
En todo este contexto, cuán sería la responsabilidad de esta Megacomisión, que utilizo los recursos logísticos del Congreso para esta investigación que no llevo a nada???? digo recursos logísticos (tiempo horas-hombres, pago de remuneraciones, horas dejadas de laborar, etc.)
oscar
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 12:58
Tiene que llevarse el proceso en forma imparcial, no llevarlo en forma política, debe darse el debido proceso, la igualdad de armas y el principio de contradicción, como base de la juzgamiento, el pdte. de la Megacomision no ha tenido la capacidad de llevar el caso del ex presidente García como se de vio hacer, ¿como se va a querer a juzgar a alguien? si no sabe si es testigo o investigado???????, totalmente de acuerdo
Alex F.
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 12:29
Excelente análisis, cuántos justiciables no querrían tener la misma "suerte" del "señor" García. Lamentablemente, la ineficacia y la desidia del Poder Judicial cuando se trata de un ciudadano común, deja entrever que el poder político y económico, marca unas grietas inconcebibles que convierte no a mermar sino a crear una febril ola de delincuencia e impunidad.
Carlos Ossio Acuña
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 12:23
El Parlamento no acusa, juzga ni sanciona. Analiza el caso donde existen indicios de ilícito y de hallarlos, lo pone en conocimiento del M.P., que es en ente que formaliza la denuncia ante el juez penal o la archiva. El juez se excedió en formalismos, interfirió y debió inhibirse.
Santos Mateo Lezama Plasencia
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 11:42
estoy de acuerdo con el comentario; estos señores del parlamento creen que el Perú es su chacra y lo utilizan para su venganza política.
Antonio Fernández
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 11:27
Lo últimamente resuelto en el caso de Alan no es una sentencia, sino un auto porque se está valorando si una ejecución de sentencia se ha dado en sus propios términos, como lo señala la LOPJ, lo que para el Juez no ha ocurrido al observar que la "Megacomisión" ha transgredido nuevamente la tutela procesal del accionante cuyo respeto le era exigido. Lo cierto es que en el Poder Judicial hay miles de casos similares, igual de elementales, que no se resuelven de la misma manera; por eso estamos tan mal que la minuciosidad y acuciosidad de un juez genera suspicacias: eso es lo cuestionable.
ramiro a. coello
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 10:38
Es curioso como un proceso judicial se resuelve con celeridad inusitada y se pone en conocimiento de las partes ¡¡¡durante la huelga!!!, cuando hace casi una semana no recibo ninguna notificación ¿porque será???. Llama la atención este tratamiento de celeridad al ciudadano García Perez cuando en el Juzgado que emitió la sentencia existen procesos mucho mas antiguos que aún brillan por su falta de resolucion desde la epoca de su anterior titular, el inefable Raul Rosales Mora; ¿cual es el criterio del juzgador para priorizar sus resoluciones? ¿la antiguedad de las causas o la recomendación salida de la casa del pueblo???. Es evidente, que los de a pie, bajo esos supuestos van a seguir desconfiando del Poder Judicial
Manuel Salazar Vàscones
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 10:37
Excelente opiniòn jurìdica y por favor nunca deje de realizar sus anàlisis y comentarios rigurosos.
EDWIN MASSEUR
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 09:35
En el Perú no existe "parlamento", sino Congreso. El gravísimo problema es que tanto el Congreso cuanto el Poder Judicial están desacreditados. La Comisión no ha sido debidamente asesorada, García ha tergirversado la resolución y la prensa ha caido en la trampa, distorsionando la cuestión.
LAJA
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 09:29
DISCREPO CON EL COMENTARIO,, LOS QUE TRABAJAMOS DENTRO DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO, SABEMOS QUE CUANDO ACUSAMOS O DETERMINAMOS EL FALLO DE UNA SENTENCIA O DECISION, TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADO, AMPARADO EN MEDIOS DE PRUEBA O ELEMENTOS DE CONVICCION QUE DETERMINEN LA SITUACION JURIDICA DE LOS DENUNCIADOS O DEMANDADOS; PREVIO A ELLO TANTO LAS DEMANDAS COMO LAS DENUNCIAS Y OTRO INGRESO A LA JUDICATURA, REVISTE DE UN FORMALISMO, QUE NOSOTROS Y TODOS LOS ABOGADOS SABEMOS DE LOS FILTROS PROCESALES, PUES ELLO CONLLEVA A QUE UN PROCESO QUEDE SANEADO...QUE INGRESE LIMPIO PARA QUE AMBAS PARTES PUEDAN HACER USO DEL DERECHO QUE CORRESPONDE, Y NO LIMITAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DERECHO DE DEFENSA QUE NOS CORRESPONDE A TODOS....AQUI NO EXISTE SI UNO ES MAS GRANDE QUE EL OTRO O SI EL OTRO TIENE PLATA O NO,,,ES PRECISO Y ESO LO SABEN QUE QUIENES ESTAN DENTRO DEL PROBLEMA, SEAN LOS SUJETOS PROCESALES....LUCHAN CONSTANTEMENTE A QUE SE LLEVE UN DEBIDO PROCESO......PUES EXISTEN ELEMENTOS JURIDICOS QUE PROTEGEN ESTAS INSTITUCIONES JURIDICAS.....NO LE ECHEMOS LA CULPA AL PODER JUDICIAL....O MINISTERIO PUBLICO......LOS CONGRESISTAS HICIERON MAL SU TRABAJO.....ESO ES TODO.
PORFIRIO PERALTA A.
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 09:17
Lo manifestado por el Dr. Walter Gutierrez, es sencillamente la interpretación de nuestras leyes para ser leída por todo público. Lo felicito por la claridad de su interpretación, y agregaría : por ejemplo: "Los partes policiales que confeccionan los policías es la base para juzgar a una persona", debemos tener cuidado en elaborar esas "bases".
Guillermo
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 09:03
Es muy cierto, el Poder Judicial no es eficaz y menos efeciente.
Luis Valois Vivar Pinares
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 09:02
Muy bien.
José
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 08:54
Completamente de acuerdo. El error es del Pdte. de la Megacomisión, que de Mega solo tiene sus gastos, para nada
herberth amez sora
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 08:31
La historia, refleja la corrupoción del poder judicial y la falta de convicción de la fiscalia. No es extraño la artimaña judicial para favorecer a los poderosos y adinerados. La agilidad de resolver un caso judicial como el caso del Dr. Alan Garcia, es solamente una afirmación de que la ley no es justicia para todos. Gente de bajo recursos que sus juicios duran una eternidad y que muchas veces pierden sus casos, por que le gano al poder judicial la fuerza de una prescripción, dejando impune a los abusos y a tropellos. Por otro lado que esperamos del parlamento. Si atravez de los tiempos han demostrado una capacidad extraordinaria de cometer errores y errores que la población nacional ya no cree en la seriedad de su trabajo. El parlamentario olvida que fueron elegidos para servir al pueblo y no a intereses partidarios y de personas con poder economico. Las opiniones descocadas de algunos parlamentarios hace ver el nivel profesional de nuestros congresistas. Si ellos no tienen facultades de denunciar como dicen, entonces cual es la finalidad de investigar y vamos a dejar que la fiscalia corrupta( Chmbote es un ejemplo evidenciado), no la va hacer y si lo hace es con deficiencias, que permitiran que cualquier juez tenga los elementos suficientes para archivar, los casos. Dios nos salve a los pobres de nuestras autoridades.
Luis Roberto Figari Seminario
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 07:50
Totalmente de acuerdo con el comentario ... En el P.J. no se juzga con objetividad y no se cumple con el principio de que "Justicia que tarda no es justicia" ... el culpable siempre sale ganando, porque el tiempo está a su favor y el perjudicado siempre sale perdiendo, porque al no reconocerle su derecho dentro de un tiempo adecuado ... sus intereses se ven perjudicados
Franklin
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 07:34
El Parlamento es supuesto en respetar y practicar la ley a la letra, la falta de conocimiento de sus integrantes no le absuelve de su principios eticos y formales de este poder del estado, es lamentable que incurra en errores basicos . Los pobres no tienen la suerte de ser investigados en el congreso, para estos este ente social no existe. Bien por Garcia, se gano relevancia politica y presencia en esta palestra gracias a estos novatos.
cristobal silva rosas
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 04:54
Muy cierto lo que dice el comentarista, y esto no solo lo percibe la población en general, sino tambien lo percibimos los abogados, en el ejercio de nuestras funciones y yo particularmente lo he percibido nítidamente en un caso mio ante el TC que dicho sea de paso resuelve de acuerdo a sus amistades y a las consignas políticas que acogen a pie juntitos.
Carol Herwig Moritz
Fecha: Martes, 8 de abril de 2014 a las 02:51
Me parece que este analisis es lo que pasa ciertamente con la justicia para el ser comun y corriente que ha tenido la desgracia de caer en las "garras" del sistema judicial, afrontando años de injusticia, que si no se tiene el dinero o el poder, como usted bien lo describe, termina con su vida antes que con el juicio que tuvo que afrontar. Bien comento un abogado: "solo se condenan a los que no tienen el dinero"

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