La medida fue aprobada por el gobernador republicano Bill Haslam, quien la firmó de inmediato. Todo esto con el propósito de ponerle fin a las polémicas acerca de qué tipo de droga se usarían para las inyecciones letales, las cuales podían producir grandes sufrimientos al condenado.

La escasez de los fármacos provocó el uso de distintas sustancias de otros laboratorios sin hacer pública su procedencia. El mes pasado, la ejecución de Clayton Lockett, acrecentó esta preocupación, dada la crueldad del proceso de su ejecución debido al uso de las mencionadas drogas.

Por ello, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, indica que la iniciativa enfrentará desafíos legales debido a la protección constitucional contra el castigo cruel.