En septiembre del 2013, Hermoza Orosco había sido separado de la fiscalía anticorrupción del Callao, pese a ser fiscal titular anticorrupción, cuando se encontraba investigando diversas irregularidades en el Gobierno Regional del primer puerto del país.

En su lugar habían designado al fiscal provincial penal Javier Wilfredo Huamani Muñoz, quien ahora retorna a la Novena Fiscalía Penal del Callao, que ve casos comunes: robos, asaltos, homicidios, fraudes. Mientras que al frente de las fiscalías que ven casos de corrupción en las instituciones estatales fue puesto el fiscal especializado Wils Anselmo Hugo Gonzales Morales.

Ahora, Hermoza Orosco no solo regresa a las fiscalías anticorrupción, sino que además será el coordinador del sistema, a nivel provincial. Gonzales Morales continuará al frente de una de las fiscalías anticorrupción.

Retoma trabajo de lucha contra la corrupción

La salida del fiscal Hermoza se produjo luego que formalizara  investigación preparatoria contra 10 funcionarios del Gobierno Regional del Callao por diversas irregularidades detectadas en obras de mejoramiento de colegios y lozas deportivas en Asentamientos Humanos de Ventanilla, por 1’250,000 soles,  entre el 2011 y el 2013.

Hermoza descubrió una duplicidad en la ejecución de las obras. Primero, eran ejecutadas por parte el personal y con recursos propios del gobierno regional y, meses después de su inauguración y entrega a la colectividad, eran nuevamente licitadas y otorgas a contratistas amigos de los funcionarios, para justificar gastos  o, posiblemente, sustraer fondos al Estado.

Además, había iniciado investigación preparatoria a una red, en la administración municipal del Callao que tuvo como objetivo falsificar cientos de recibos de honorarios y facturas, de profesionales, policías, militares y hasta modelos de televisión, con los cuales sustentar pagos por 9,5 millones de soles, lo que habría configurado el delito de peculado.

Después de las intervenciones de la fiscalía en Tumbes, Cajamarca y Ancash, parece que habrá una decisión fuerte en el primer puerto del país, amenazado por una corrupción sistémica en el gobierno municipal y regional, que ahora parecía intocable.