También nos ha dicho que “El plan de reactivación busca dar mayor racionalidad a la regulación que el Estado ‘pone’ a los ciudadanos y a las empresas… tenemos que generar normativa que permita crecer y generar riqueza a las empresas…”.

Sin duda se trata de recientes descubrimientos del ministro de Economía, porque de haber sabido estas verdades  desde el inicio de su gestión no hay razón que explique por qué ha demorado tres años en comunicárnoslo; peor aún,  que recién haya comenzado a tomar medidas para corregirlas. Desafortunadamente, estos descubrimientos no solo llegan tarde, lo mismo que el conjunto de medidas que ha anunciado para destrabar la inversión y reactivar la economía, sino que son insuficientes.

Si bien el señor Castilla pareciera que recién entiende algunas cosas en materia legal, como que el “mal Derecho” cuesta mucho a la economía, en realidad no ha terminado de comprenderlas. No es que seamos pesimistas, pero anuncios como la condonación de 20 mil millones de deuda tributaria –que supuestamente beneficiará a 180 mil contribuyentes– no tendrán mayor efecto. No es que esté mal, simplemente no tendrá el resultado que él espera. Sucede, como el propio ministro ha reconocido, que esa deuda es incobrable, es decir, se trata de acreencias que no se iban a pagar porque sencillamente en la mayoría de casos el dinero no existe y solo tendrá un reflejo contable.

Además, como también lo ha reconocido, el incremento de esa deuda se debe precisamente a NORMAS IRRACIONALES y a la ineficiencia del Estado. El 80 %  de ese monto es producto de capitalización de intereses nada menos que por la demora de las funciones de la Sunat o del Tribunal Fiscal. Sí, irracionalidad pura.

Ahora que el ministro, y de paso el Gobierno, ha descubierto que el Derecho cuesta es tiempo que entienda que, en gran parte, la raíz del éxito o del fracaso de un país depende  de que sus instituciones (léase, el Derecho) funcionen, pero eso de ninguna manera quiere decir que más normas y más burocracia cambie la realidad legal en el país. Un ejemplo de este error es la iniciativa del ministro de crear una superintendencia para cobrarle al Estado; esto no cambiará las cosas ni convertirá al Estado en buen pagador. 

Lo que el ministro no entiende es que la manera como está organizado el sistema legal, en particular la justicia, conspira contra la efectiva garantía de los derechos y dentro de ellos los derechos que mueven la economía. Tenemos un Estado ineficiente, laberíntico y corrupto, y esto, repito, no cambiará con más normas y más superintendencias, sino con un cambio de visión de las cosas, que comience desde el Gobierno. 

La reforma de la justicia es, por ejemplo, un tema clave. Hay cosas sencillas que casi  únicamente con decisión política pueden generar cambios importantes, como la introducción de más tecnología en la administración de justicia y que todos los años se presente un informe anual por indicadores de cómo va este servicio público. 

Hasta no hace mucho una buena parte del país estaba convencida que la economía podía funcionar divorciada del Derecho, que el sistema legal podía ser una ruina, pero igual la economía seguiría creciendo. Hoy la desaceleración de China y la baja de los metales los trae de vuelta a la realidad. No hay economía desarrollada con Derecho subdesarrollado. Y un Derecho en ruinas no se reconstruye con más normas, menos aún improvisadas o surgidas de la desesperación. No es que estemos en el peor escenario, pero si seguimos actuando de esta manera, no demoraremos en estarlo.