El silencio y la opacidad no pueden ser la respuesta en un sistema democrático; la transparencia y el acceso a la información de los políticos deben ser la regla. Desafortunadamente en nuestro ordenamiento electoral no existe la obligación legal de que los candidatos informen sobre sus bienes y rentas, por lo que tenemos políticos que sencillamente no declaran o declaran que no poseen nada, sin embargo tienen campañas millonarias. Conductas como estas pueden ser la antesala de graves situaciones de corrupción que los ciudadanos podemos atajar.
En época electoral los políticos suelen ser más concesivos, más abiertos a los cambios y avances en el sistema político. Por ello, el actual proceso electoral es una excelente ocasión para exigir estos cambios y sentar las bases de una cultura de transparencia económica en la política. No es necesario para esto grandes reformas, a menudo para mejorar la calidad de la política basta dar pasos simples pero eficientes.
Proponemos dos, el primero de ellos impulsar que en esta campaña todos los candidatos informen sobre su patrimonio, bienes y rentas en el formato digital que con ese propósito el Tribunal de Honor del Pacto Ético ha implementado en la web del JNE. Así, a los candidatos que quieran ser transparentes no les tomará más de unos minutos revelar esta información. Antes del día de las elecciones el Tribunal de Honor informará cuántos y quiénes han declarado esta información.
Las formas en política suelen ser el fondo; qué tan transparentes sean ahora quienes aspiran a ser elegidos, nos dirá qué tanto lo serán en el ejercicio de sus funciones. En muchos casos esto no solo revelará su visión de la política sino probablemente sus intenciones y sus acciones ya en la función pública.
La transparencia económica de los políticos no solo es una herramienta fundamental en la prevención y la lucha contra la corrupción, sino un elemento esencial para el ejercicio del voto informado. La falta de ella debilita la confianza y la credibilidad de los políticos. De ahí que, un esfuerzo en esta dirección se encamina sobre todo a fortalecer la clase política.
El segundo paso es exigir que el Congreso apruebe una norma que se incorpore a la legislación electoral, que establezca como obligación que los candidatos revelen su información económica; esto facilitará el control y la vigilancia ciudadana, y contribuirá a terminar con la cultura del secreto. A fin de concretarlo proponemos iniciar una campaña ciudadana, vía Internet, mediante la cual los ciudadanos respalden esta iniciativa y para hacer público los nombres de congresistas que la promuevan o de quienes se opongan.
Una de las reglas básicas de la democracia es que los asuntos públicos y la conducta de los políticos deben estar sometidos al escrutinio ciudadano; pero mejorar la calidad de la política no es tarea solo de los políticos, ellos no harán lo que nosotros no les exijamos.