Aunque el texto del proyecto de Código Penal todavía se encuentre en discusión dentro de la Comisión de Justicia del Congreso, esto no ha impedido que ya se desarrolle un análisis sobre sus tentativas de reforma.

Una de sus más llamativas propuestas es, precisamente, la posibilidad de abrir procesos penales a empresas privadas sobre los actos delictivos que se hayan realizado a través de ellas. En efecto, de ser aprobados los artículos 35, 36 y 37 del proyecto de Código Penal, las personas jurídicas pasarían a ser procesadas en paralelo y de manera independiente de la persona natural acusada si es que se demuestra la conexión sobre la única base de que se haya cometido un ilícito penal a nombre de la empresa o por cuenta de esta para el provecho del empleador.

En el proyecto se excluye a las empresas del Estado y sus dependencias de la aplicación de esta normativa, por lo que la regulación estaría únicamente dirigida a las empresas privadas.

¿Doble sanción o sentencias contradictorias?

Las críticas a esta propuesta no se han hecho esperar. “Si el proyecto no está dispuesto a renunciar al castigo del sujeto individual, finalmente se produciría una doble valoración sancionatoria”, estima el penalista Percy García Cavero, quien compartió con LaLey.pe algunas de sus observaciones sobre el particular.

Y es que si bien, en algunos sistemas judiciales como el español, la responsabilidad penal de personas jurídicas ya es aplicable, el predictamen de una reforma como esta en nuestro país podría significar un tema mucho más complejo para la interpretación contextual y procesal.

Además, como lo indica García Cavero, la probabilidad de aplicar autonomía procesal a cada caso, pese a la vinculación de los imputados (administrador-empresa), contribuiría al riesgo de desvirtuar la culpabilidad del autor mediato: “Si se asume un sistema de responsabilidad por el hecho de otro, es necesario que en el proceso penal se determine si el administrador o trabajador cometió un delito”.

Así, esta independencia entre procesos podría devenir en sentencias distintas, en las que podría imperar la responsabilidad de la persona jurídica sobre la de la persona natural, cuando la primera fue solo el medio para la comisión del delito.

Como puede apreciarse, el debate sobre la reforma del Código Penal está abierto. La propuesta de extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas es solo uno de los temas controversiales de este texto.