Por: Luis Davelouis

(*Continúa de II)

El caso de la Casa del Adulto Mayor de Miraflores

Un inmueble ubicado en pleno malecón Armendáriz de Miraflores, con una espléndida vista al mar y un valor superior a los dos millones de dólares, fue otro de los objetivos turbios de la red de Rodolfo Orellana. Se trató en este caso de la denominada “Casa del Adulto Mayor”, un espacio donde las personas de la tercera edad se integran y socializan a través de actividades comunitarias que hacen más llevadero su tránsito hacia la vejez.

En agosto de 1996 el inmueble, siendo todavía un terreno, fue incautado por el Estado a un individuo procesado por narcotráfico. Cinco años más tarde, en noviembre de 2001, la Ofecod –organismo dependiente del Ministerio del Interior que administra los bienes incautados por hechos delictivos– entregó el terreno a la Municipalidad de Miraflores, para que allí funcione la primera sede de la “Casa del Adulto Mayor” del distrito.

La entrega del terreno fue solo como cesión en uso, con la intención de que más adelante la municipalidad beneficiada hiciera las gestiones necesarias para adquirirlo en propiedad. Pero esto nunca ocurrió; y la Ofecod, por su parte, tampoco pidió la devolución del bien. Lo que sí hizo el municipio miraflorino, pese a no haber inscrito el derecho de uso en el registro inmobiliario, fue edificar una casa de dos plantas sobre el terreno, de la que luego sería despojado por la red de Orellana.

Para ello, esta se valió –como ocurrió en muchos otros casos– de algunas figuras legales, primero de un arbitraje y luego de la fe pública registral.

Así, a través de un dudoso arbitraje, un sujeto vinculado a Orellana, José Luis Ticse Porlles, obtuvo la propiedad del inmueble y la inscribió a su nombre en los Registros Públicos. El paso siguiente era realizar sucesivas transferencias del predio, a fin de que el último comprador del bien pueda ampararse en el principio de fe pública registral.

Este principio, recogido en el artículo 2014 del Código Civil, permite al adquirente de buena fe mantener su adquisición si la ha obtenido de quien aparece en el registro con facultades para otorgársela –es decir, del titular registral–, aunque posteriormente el derecho de este último sea anulado o dejado sin efecto. Además, la buena fe del adquirente se presume. Orellana sabía perfectamente esto, por lo que trazó un detallado plan para concretar las transferencias necesarias para consolidar el despojo de la Casa del Adulto Mayor.

Así, Ticse Porlles reconoció, en agosto de 2008, adeudar la suma de 100,000 dólares a la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemmar), en liquidación. Los abogados de la cooperativa han afirmado en reiteradas ocasiones que esa deuda fue simulada; el supuesto deudor no debía nada y era imposible que se le hubiese otorgado un crédito porque la entidad no contaba con esos recursos. Aun así el deudor ficticio quería pagar. Y lo hizo. Fue en agosto de 2012, a través de otra figura legal llamada dación en pago. Mediante ella, Ticse Porlles cancelaba la deuda inventada transfiriendo la propiedad del inmueble del malecón Armendariz a favor de la cooperativa.

El pago de 100,000 dólares con un predio valorizado en dos millones era un dato menor, lo que se quería era concretar la transferencia. Y la operación fue posible porque, a la sazón, el proceso de liquidación de Coopemmar –también fraudulento– estaba siendo administrado por Consorcio General, otra de las tantas empresas de la red Orellana.

Hecho el trato e inscrita la propiedad a nombre de Coopemmar, su liquidadora procedió a vender el inmueble apenas dos meses después en 2’200,000 dólares. La compradora fue T&C Real Estate Group, también vinculada a Orellana. Esta empresa legalmente resulta ser la adquirente protegida por la buena fe –no la suya ni mucho menos la de Orellana–, sino la del registro, esto es, la que regula el artículo 2014 del Código Civil. Para ello solo le bastó comprar el predio al titular registral, Ticse Porlles, quien aparecía en el registro con facultad para transferirlo.

La historia posterior es solo la consecuencia inevitable de esta cadena de hechos. El 6 de noviembre de 2012, por orden de un juez de Huaycán, la Municipalidad de Miraflores fue brutalmente desalojada del inmueble que destinó a los adultos mayores por una mafia a la que poco le importa el respeto a las canas y a la autoridad que solo confieren los años.

Los adultos mayores de Miraflores hasta el día de hoy se preguntan qué pasó realmente con la casa del malecón Armendáriz; lo sabrán tal vez algún día, cuando se destape la maraña de hechos delictivos cometidos por la organización de Rodolfo Orellana, pero es muy probable que, para muchos de ellos, ya sea demasiado tarde.  

Texto publicado en el número 2, año 1.