Por: Ángel García Catalá

La escena no era agradable de ver. En medio de la calle, el cuerpo de un joven yacía inerte, mientras bastante sangre salía de su cabeza. Resguardados en el interior de sus casas, los vecinos de la calle Canfield Drive escondieron a sus niños en las habitaciones que no daban al exterior; no debían ver aquello. Lo tuvieron que hacer cerca de cuatro horas después, que fueron las que, inexplicablemente, el cuerpo permaneció en el mismo lugar, sin ser retirado por las autoridades.

Mucho antes de que lo hicieran, varias decenas de videos y fotos comenzaron a inundar las redes sociales. Ilustraban claramente, pese a los nervios y las prisas de quienes los habían captado, lo cruento de la situación. Al fin y al cabo, todo sucedía a plena luz del día, un sábado de agosto cualquiera, en la tranquila ciudad de Ferguson, en el condado de San Luis (estado de Misuri, EE.UU.).

El resto de la historia, una vez situada geográfica y temporalmente, es más o menos conocida –en especial si se atiende a los hechos que le sucedieron y a la cobertura internacional que estos despertaron–. El joven, de 18 años de edad, se llamaba Michael Brown, y las circunstancias que rodearon su muerte propiciaron una crisis social que rememoró los tiempos convulsos de los años sesenta, cuando los conflictos raciales amenazaron la estabilidad de la democracia moderna norteamericana.

Lo que pasó aquel sábado, 9 de agosto de 2014, todavía no se sabe con certeza. Quizás nunca se sepa. Los testimonios de los diferentes testigos son, en algunos pasajes, contradictorios. Todos coinciden en señalar, de todos modos, lo siguiente: después de un forcejeo entre Brown y Darren Wilson –el oficial de policía que lo mató, cuyo nombre solo se hizo público seis días después del suceso–, el arma de este se disparó dentro de su vehículo; a continuación, Brown huyó lejos del coche, mientras Wilson efectuó varios disparos, tras lo cual el joven se paró y se dio la vuelta.

En este punto, los testimonios se bifurcan. Unos dicen que Brown se dirigió hacia el oficial de una manera amenazante. Otros que sencillamente se quedó quieto e incluso levantó sus brazos. El final, no importa quién se encargue de narrar el episodio, resultó ser inequívocamente trágico: tras recibir seis disparos, el joven falleció.

Develar los vacíos sobre lo que pasó entre el principio y el final, las incongruencias de los diferentes testimonios, será el principal objetivo de las investigaciones oficiales, ya en marcha. Del curso que tomen y de sus conclusiones, depende que Wilson pueda ser acusado y, posteriormente, condenado por su actuación.

En cualquier caso, tal y como advertía –en un artículo publicado en el diario New York Times– Erwin Chemerinsky, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, parece poco probable que suceda así. La hipótesis de Chemerinsky se sostiene fundamentalmente en un análisis pormenorizado de las últimas sentencias que la Corte Suprema ha ofrecido en torno a casos donde la actuación de la policía fue, cuanto menos, polémica.

En mayo de este mismo año, por ejemplo, la Corte sentenció a favor de los oficiales de policía implicados en el caso ‘Plumhoff v. Rickard’. En aquella ocasión, los fallecidos fueron Donald Rickard y su novia, quienes tras ser parados por la policía al llevar su coche una luz malograda, se dieron a la fuga, iniciando una persecución que se sucedió por varios minutos; finalizó en un accidente mortal, después de que los oficiales dispararan un total de quince balas.

Según la Corte, la actuación policial no implicó un “uso excesivo de la fuerza”, violatorio de la Constitución, pues la conducción de Rickard suponía un “riesgo grave a la seguridad pública”. Ahondando en la cuestión, valoró que “resulta razonable que, si los oficiales de policía pueden disparar a un sospechoso con el objetivo de detener un riesgo severo a la seguridad pública, los oficiales no deben dejar de disparar hasta que el riesgo haya concluido”.

Para Chemerinsky esto significa que el fallo de la Corte permite que la policía pueda disparar todo lo que quiera en prácticamente cualquier persecución, al tiempo que desprecia otras alternativas menos letales, como son “disparar a las ruedas, o anotar la placa del vehículo y rastrearlo con posterioridad”. Considera, sin embargo, que el aspecto más perjudicial del pronunciamiento no es este, sino el hecho de que haya establecido que un gobierno local solo puede ser responsable por este tipo de actuaciones solo en caso de que se pruebe que su política haya sido la que viole la Constitución. En esta línea, el decano también cita el caso Connick v. Thompson, donde la Corte le dio la razón a la ciudad de Nueva Orleans, quien había sido condenada a pagar una indemnización de $14 millones a John Thompson, preso injustamente durante 18 años –14 de ellos en el “corredor de la muerte”–. A pesar de que la misma Corte reconoció los errores cometidos por la fiscalía de Nueva Orleans, determinó que la ciudad no era culpable, pues “no se había probado que sus políticas violasen la Constitución”.

La solución para los ciudadanos, ante la imposibilidad de perseguir a los gobiernos locales, parece ser demandar a los funcionarios implicados. En este caso, sin embargo, el obstáculo a superar es la inmunidad con la que estos cuentan. Si bien esta no es absoluta, también existe la conocida como “inmunidad calificada”, que la Corte ya concedió en otro caso, asegurando que el funcionario denunciado “solo puede ser responsable si cada funcionario con una autoridad razonable sabía que su conducta era ilegal”.

Esto, en el caso de la muerte del joven Michael Brown, implicaría que Darren Wilson, el policía que lo mató, solo podría ser considerado responsable si se prueba que sus jefes inmediatos sabían que su actuación constituyó un uso excesivo de la fuerza y no fue en defensa propia. La posibilidad, protestas y crisis aparte, se antoja más que remota.

*Texto publicado en el número 3, año 1