De la manera cómo miremos los problemas los resolveremos. Desde la visión de nuestra clase dirigente parece evidente que la situación en el Poder Judicial no es un problema. En los últimos gobiernos se ha hecho muy poco por mejorar la administración de justicia; su ruinoso estado actual no deja espacio para que la duda los favorezca.

En una reciente encuesta de Gallup se informa que en el Perú el 80 % de la población desconfía de la justicia; ocupamos el último lugar en la región. Esto se ratifica en el informe Doing Business 2014, en el que, en un tema tan sensible para la economía como es el cumplimiento de los contratos, el Perú se encuentra en el puesto 105, muy por detrás de Argentina y Chile que ocupan los puestos 57 y 64, respectivamente, e incluso por debajo de Venezuela y Ecuador,  que se ubican en los puestos 92 y 99. Este puesto nos lo hemos ganado porque cumplir los contratos en el Perú demora, en promedio, 426 días y el costo es del 36 % de su valor.

Pero el ciudadano común no necesita de encuestas e informes para comprobar esta realidad. Si tiene la desgracia de ser demandado o tener que demandar, una vez dentro del sistema ingresará a un laberinto jurídico caracterizado por el retraso, el absurdo, la ineficiencia, la corrupción y la total incertidumbre de cómo terminará el juicio.

Solo para detenernos en uno de sus males, el avance tecnológico del servicio de justicia es muy pobre; tenemos una de las justicias más atrasadas. En pleno siglo XXI no es posible presentar una demanda por la web, y no es que estemos pidiendo demasiado, en pequeños países como Puerto Rico esto es una realidad que no sorprende a nadie. Peor aún, en algo tan básico como la notificación electrónica apenas hemos avanzado un 30 % de los procesos, es decir, el 70 % de un millón doscientas mil causas siguen en el reino del papel y la morosidad.

Pero volvamos al inicio, el tema central es que para la clase dirigente la situación de la justicia, su estado de debilidad y crisis permanente pareciera algo normal, y que no nos afecta. La realidad debería ser muy diferente, un Poder Judicial fuerte logra que la democracia no sea una mentira para el hombre común, porque además de garantizar los derechos del ciudadano ayuda a eliminar la pobreza y la desigualdad, y es el mejor incentivo para la inversión.

Por qué algo tan evidente como la urgente modernización de la justicia parece invisible a los ojos de los políticos. ¿No será que la raíz del problema es que una justicia fuerte e independiente es una amenaza para los excesos del poder económico y el poder político?