En los próximos días, España podría ver cambiada una de sus leyes penales más importantes. Se trata de la Ley de enjuiciamiento criminal, un folio cuya primera aprobación se dio en 1882, y sobre el cual varios artículos serían modificados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En busca de celeridad procesal, el anteproyecto plantea que las instrucciones sobre cualquier causa obedezcan a un plazo determinado. Hasta hoy, el plazo de los procesos de investigación en España son indefinidos, por lo que la disposición de fijar un tiempo máximo de seis a 18 meses según la complejidad es lo que más ha preocupado a muchos magistrados.

Si bien el plazo puede ser prorrogable hasta por 18 meses más, muchos instructores coinciden en que la aplicación de este punto abriría campo a la impunidad en los casos nacionales de mayor envergadura. Uno de los ejemplos más citados para esta crítica es el caso conocido como ‘Operación Púnica’, el cual está abocado a dilucidar el entramado de corrupción política en España.

No obstante, otras figuras como el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura española, Pablo Llarena, estiman que establecer plazos resulta positivo y coherente con el derecho de los sujetos de investigación a no verse sometidos a un proceso indefinido.