No tengo duda que esta Ley de promoción del empleo juvenil será un fracaso más que estos señores nos dejarán. Veamos por qué.

Los promotores de la norma dicen que sus objetivos son disminuir el desempleo de los jóvenes y reducir la informalidad. Para eso sostienen que es necesario eliminar “temporalmente” ciertos derechos (como las gratificaciones y la CTS). El ministro de Economía ha dicho que las protestas de los jóvenes se deben a la desinformación y a la política. Estoy de acuerdo, en esto hay mucho de ello, pero la desinformación y la politiquería provienen del gobierno. Una norma de este tipo solo puede ser producto de la ingenuidad o la desinformación, pero también del exceso.

Tal vez lo que haya confundido a estos “defensores del trabajo de los jóvenes” sean algunas cifras. En el Perú el 70% del empleo es informal y en los más jóvenes este porcentaje escala a 80%. Además, el costo laboral en el Perú supera el 50%, mientras que en países como Chile y Argentina no pasa del 35%. Por supuesto, parecen números elocuentes, y si queremos ser competitivos en el mercado global del empleo algo debemos hacer, pero en verdad estas cifras solas no desnudan las verdaderas causas de la realidad que se pretende cambiar.

¿Es acaso el costo laboral la causa del desempleo y la informalidad? Desde luego que no, el ejemplo que desbarata esta premisa es el régimen de las micro empresas, que reduce tantos  derechos como la Ley de empleo juvenil. El costo laboral en dicho régimen es de 8.3%,  y pese a que lleva más de 12 años su aplicación no ha aumentado el empleo ni reducido la informalidad. En su hora también se argumentó que esta ley cambiaría el panorama laboral e incentivaría la formalidad. ¿Por qué no lo ha conseguido? Sencillamente porque la causa de estos problemas no es solo el costo laboral, sino una pluralidad de razones, que deben ser atacadas conjuntamente. Tenemos un sistema estatal que protege y  promueve la informalidad, y consiguientemente desalienta la contratación formal. El problema de la informalidad no radica en el costo laboral. Es mucho más complejo, en realidad tiene que ver con la crisis de un tipo de Estado, con su burocratización, con su ineficiencia, con su laberíntica tributación, con la enquistada y generalizada corrupción,  que desalienta el pago de los tributos porque la gente siente que estos irán a los bolsillos de corruptos o incapaces.

En un contexto así, con un Estado ineficiente, con una clase política deslegitimada, un recorte tan radical de los derechos laborales de los jóvenes no solo no será aceptado por estos, sino que no tienen ninguna posibilidad de cumplir sus objetivos. Pero aun más, la ley es un exceso, que revela que  vivimos en un sistema en el que las instituciones públicas son controladas por los grandes grupos empresariales. Como es obvio, esta ley no será utilizada por la micro empresas sino por empresas como los bancos, que solo en el primer semestre de este año tuvieron ganancias por 2,413 millones, o por los grandes centros comerciales que hoy mismo explotan a los jóvenes y que en buena cuenta esta ley viene a formalizar.

En suma, este no es un problema legal, es un problema político. La norma desnuda una cruda realidad: no tenemos una verdadera clase dirigente que entienda y conduzca el Estado de una manera independiente.