Por fin, Martín Belaunde Lossio rompió su silencio.  En una conferencia de prensa desde Santa Cruz, Bolivia, indicó que ha solicitado refugio al Estado boliviano debido a que teme por su seguridad jurídica y que no cuenta con garantías suficientes para ser juzgado en nuestro país. «Jamás cometí delito alguno, y lo que existe es un contagio político disfrazado de juicio», fue lo último que señaló Belaunde Lossio luego de abandonar la sala de conferencia acompañado por sus abogados.

Con respecto al proceso de acción de protección por parte del Estado boliviano al prófugo empresario, el especialista en Derecho Internacional, Alexander Carranza Reyes, indicó que a juzgar por los hechos que hasta ahora se conocen por los que Belaunde Lossio es acusado en el país, este petitorio de refugio no procedería. 

«Belaunde Lossio tendría que presentar hechos absolutamente distintos a los que nosotros no tenemos conocimiento, que hagan que esta figura lleve a las autoridades bolivianas a conceder esta acción de protección. Tendría que probar una razonable persecución que pueda sentir y una vulneración de parte de autoridades de nuestro país«, detalló Carranza Reyes.

Sobre el tiempo promedio de duración de este proceso, el especialista en Derecho Internacional indicó que la Comisión Nacional de Refugio (CONARE) de Bolivia, tiene un tiempo prudente y significativo para responder una solicitud de refugio. «CONARE recibe la información y tiene hasta 120 días hábiles para valorarla  y emitir un pronunciamiento«.

Además, el especialista indicó que dicho proceso no culmina ahí. «La decisión de CONARE puede ser apelada por el connacional (Belaunde Lossio). Esta debe ser evaluada, y luego de ese periodo, se emitirá ya el resultado final. Con este último resultado, el connacional tiene 30 días hábiles para abandonar el territorio y se le retirará la protección que viene gozando hasta el momento. De ahí, ya viene todo un proceso, para que en el caso no retorne al país, se de la extradición», precisó.

Rol del Estado peruano en Bolivia

De otro lado, Alexander Carranza, miembro consultor de Dirección Estratégica, indicó que ahora el papel que le corresponde asumir al Perú en tierras bolivianas es el de presenciar el proceso que se lleva a cabo, pues quien dará el veredicto final será Bolivia, a través de la CONARE. Sin embargo, precisó que esta institución, dentro de sus observadores, cuenta con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); por lo que la actuación del gobierno boliviano tendrá que ser escrupulosa.

«El gobierno boliviano es quien está llevando a cabo el proceso. Nosotros solo estamos presenciando los acontecimientos, estamos tomando nota de los hechos que el connacional va a expresar, y estamos haciendo un seguimiento, eso es lo que nos corresponde a nosotros, pero quien van a decidir es el gobierno boliviano», puntualizó el letrado a manera de conclusión.