Un reciente proyecto de ley busca establecer cuotas obligatorias de empleo tanto para las empresas privadas como para las entidades públicas. La propuesta fue presentada ante el Congreso por el grupo parlamentario Perú Posible y su principal objetivo es la derogación del actual régimen laboral juvenil.
Entre las disposiciones del proyecto se dispone que las instituciones estatales contraten en un 5% del total de su personal a trabajadores cuyas edades estén dentro del rango de los 18 a los 24 años. Por su parte, para las empresas privadas con más de 50 empleados la proporción obligatoria será no menor del 3%.
Para el laboralista Luis Valderrama, la aplicación de esta disposición podría afectar el derecho a la libertad de empresa. “El empleador perdería la potestad de elegir a quién va a contratar. Es el extremo contrario de la ley laboral juvenil y no creo que tenga como consecuencia directa un aumento en la tasa de empleo en jóvenes porque la imposición nunca es atractiva para la empresa y los canales para su fiscalización no son los adecuados”, indica el especialista.
Además, el proyecto fija que la capacitación sea financiada a cambio del pago de impuestos, mientras que el control estaría a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad que presentaría un informe anual sobre el cumplimiento de la ley una vez aprobada. Sin embargo, según Valderrama, “lamentablemente, cuando se plantea que exista una cuota de empleo, nunca hay garantías de cumplimiento. Esto sucede con lo ya establecido para la contratación de personas discapacitadas, donde no vemos verdaderos efectos”.
Buscan la derogatoria de la ‘Ley Pulpín’
Cabe indicar que este 28 de enero la Comisión Permanente del Congreso se reunirá para debatir el destino de la Ley de Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social promulgada el 16 de diciembre pasado. Y es que desde la promulgación, son cinco los proyectos presentados que exigen su derogación, mientras que otros dos proponen su suspensión temporal a fin de modificar sus disposiciones más controvertidas.