La reforma migratoria implementada por la Casa Blanca desde noviembre del año pasado ha perdido respaldo legal. Una vez que el gobierno de Barack Obama impuso la garantía de acoger a cuatro millones 300 mil inmigrantes ofreciéndoles el freno de las deportaciones y el acceso al empleo a través de programas, fueron 26 estados norteamericanos los que se agruparon para interponer una demanda colectiva en su contra por no informar a la ciudadanía mientras tal medida se gestaba.
Tras dos meses de revisión, el juez de la jurisdicción de Brownsville en el distrito sureño de Texas Andrew Hanen decidió suspender de manera temporal la aplicación de las medidas alegando que su diseño no siguió las pautas contenidas en el Administrative Procedure Act, acción que debe aplicar el Estado para permitir la participación de la ciudadanía en el proceso de debate de una ley tan importante como la migratoria.
El retroceso le ha costado al gobierno norteamericano la cancelación de inscripciones para el programa de Acción diferida para jóvenes llegados en la infancia conocido como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) que iba a entrar en vigencia desde hoy miércoles. Otro programa temporalmente suspendido es el previsto para el mes de mayo, dirigido a padres indocumentados con hijos nacidos en el país norteamericano, DAPA (Deferred Action por Parents of Americans and Lawful Permanent Residents).
Mientras las políticas migratorias se ven paralizadas en su ejecución, el gobierno de Obama prepara la presentación de un recurso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Juzgado de Nueva Orleans con el fin de rebatir el fallo del juez Hanen.