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Andahuaylas: la primera protesta social de consumo

Andahuaylas: la primera protesta social de consumo

El paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta. No es minera ni ambiental, es contra los abusos e ineficiencia del mercado, es por la inacción del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Si la actitud del gobierno no cambia pronto estos paros se extenderán por todo el país.

Por Walter Gutierrez C.

martes 17 de marzo 2015

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El problema surge de la equivocada concepción que se tiene en el Estado sobre la naturaleza del Código de Consumo y de los derechos de los consumidores. Claramente no se ha entendido que el Código es la norma más importante de control del poder económico de las empresas, que es una norma de protección de la persona en el mercado y de los abusos que se puede dar en este. No se trata de una simple norma de reclamos o de quejas como la concibe nada menos que la propia autoridad de consumo, Indecopi, y la totalidad de instituciones reguladoras.  

Indecopi y los reguladores del mercado no son simples oficinas de reclamos, como ellos se ven a sí mismos. Esta visión minimalista del Código y de sus alcances es la que ha tenido el Estado todo este tiempo. El resultado es que cinco años después de aprobado el Código no se ha elaborado el Informe Anual de Consumo, como lo exige expresamente el artículo136. Este informe estaba a cargo de Indecopi, y debía hacerse por sectores o mercados, identificando aquellos donde se afectaban más los derechos de los consumidores, ubicando de esta manera los “mercados sensibles”,  como el caso del servicio eléctrico de Andahuaylas, donde también le cabe responsabilidad directa a Osinergmin.

Sin embargo, todo este tiempo, Indecopi solo ha presentado reportes estadísticos de quejas sin ningún tipo de metodología, análisis y menos conclusiones. Estos datos inorgánicos de ningún modo pueden calificar de Informe Anual de Consumo, y es una clara manera de no cumplir la ley aparentando que se cumple. Si realmente Indecopi y los demás reguladores hubiesen hecho su trabajo, casos como el de Andahuaylas se hubiesen identificado y evitado. Otra obligación contenida en el Código es la elaboración de un Plan Anual Nacional de Protección al Consumidor. Este plan no solo debe contener lineamientos de trabajo de la autoridad de consumo, sino un programa y cronograma de acciones concretas priorizándose los “mercados sensibles”.

El resultado de este incumplimiento, como de otras normas contenidas en el Código, y del pobre papel del Estado en este ámbito, es el paro de Andahuaylas y las protestas de consumo que se avecinan.

Ya no hay duda, estamos frente a un nuevo tipo de protesta ciudadana, motivada por los abusos del mercado, solo la ceguera o una visión extremadamente conservadora pueden negarlo.

Cómo no van a surgir protestas si el Perú es un país de mercados capturados por cuasi monopolios u oligopolios como en telefonía, banca, transporte aéreo y un largo etcétera, donde abundan los abusos del mercado. Cómo no van a haber paros de consumo si el Estado incumple flagrantemente la obligación constitucional de proteger a los consumidores (art. 65).

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