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Viernes, 1 de mayo de 2015 | Leída 856 veces
EN LA EDICIÓN MAYO DE LA LEY, ENTREVISTAMOS AL POLÉMICO JUEZ SUPREMO JAVIER VILLA STEIN

“La Corte IDH se ha convertido en un brazo político y persecutor”

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Los cuadernos de extradición de Belaunde Lossio, la reiterada convocatoria de la Comisión que investiga la red delictiva del caso Áncash, una evaluación de conducta por parte del CNM. En lo que va del año, el magistrado no ha dejado de recibir atención mediática. Pese a todo, el juez no titubea y responde a La Ley sobre diversos temas.

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*Escribe: Ana Bazo Reisman

 

"Yo siempre he dicho que a la política no ingresan los príncipes, sino los que tienen votos. Yo no estoy en carrera”, zanja Javier Villa Stein al ser preguntado por un hipotético interés en candidatear. El polémico titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dice agradecer las propuestas de ciertas organizaciones políticas que lo colocan como un futuro outsider, pero reitera no tener ninguna intención de incursionar en ese mundo. El Poder Judicial, por el contrario, es el ambiente en donde se lo ve de lo más cómodo, pese a que –según advierte –varios querrían que se fuera.

 

La Comisión Áncash lo ha citado hasta el cansancio afirmando que su único objetivo es conversar sobre el convenio suscrito entre esa región y el PJ mientras usted lo presidía. ¿Por qué se niega tanto a asistir?

 

La respuesta es simple: el asunto Áncash está judicializado y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución señala, de manera expresa e inequívoca, que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. Esto se lo hice saber en un documento al congresista Mesías Guevara, explicando además que mi presencia podría vulnerar la presunción de inocencia de los procesados. Lo que parece existir aquí es un cargamontón al que, por cierto, yo no me puedo prestar. Lo que cuestiona la Comisión parte de convenios compuestos por dos hojitas con textos plenamente declarativos en los que el Gobierno Regional se compromete a futuro en la construcción de obras civiles en favor de la implementación del nuevo Código Procesal Penal y de un centro de diagnóstico. En consecuencia, el documento se explica por sí solo: no existen actos de disposición patrimonial porque todo fue efectuado en amparo de la Ley de Presupuesto. Además, las per­las de esas obras se realizaron cuando ya era presidente César San Martín Castro. Por tanto, yo no tengo nada que añadir. Se trata de documentos tan típicos que el mismo presidente de la Corte Suprema acaba de ­armar uno en términos muy parecidos con el Congreso de la República.

 

¿Cómo evalúa las labores de esa Comisión?

 

Está perdiendo el tiempo soberanamente. No tiene objeto, es un dispendio de recursos. Contrariamente, existen casos de los que nada se sabe y para los que el Congreso no convoca investigación. Además de eso, se está produciendo una situación que ameritará la revisión del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República que es, a mi modo de ver, inconstitucional. Se tiene que revisar también el concepto mismo de las comisiones investigadoras porque en muchas ocasiones producen juicios paralelos y perjuicios al debido proceso así como a la presunción de inocencia. En este caso, el congresista Mesías Guevara está, prácticamente, haciendo un juicio paralelo, dando por hecho que todos son culpables y alardea que hay 400 investigados pero no explica nada sobre personajes centrales que sí ameritan investigación.

 

¿Qué opina sobre el último caso perdido por el Estado peruano ante la Corte IDH? Se ordenó indemnizar a Gladys Espinoza, sentenciada por terrorismo, porque el PJ habría impedido una investigación por la violación sexual que ella alega haber sufrido en detención.

 

Personalmente, estoy en desacuerdo con todo lo que hace la Corte IDH. No solamente porque los jueces ya se apartaron de la misma Carta Interamericana, sino porque están entrando en una línea de arbitrariedad, tomando partido en temas altamente politizados. Esa Corte se ha convertido en un brazo político de un grupo de ciudadanos de la región con la mala fe de perseguir implacablemente al oponente. En lo particular, estoy en absoluto desacuerdo de que el Estado deba reparar civilmente a personas involucradas en delito de terrorismo. Esto, porque si existiera una violación a los derechos de estas personas, no debiera ser el pueblo del Perú el procesado, sino los directamente involucrados en esa violación.

 

*¿Cuáles son sus expectativas sobre la emisión del NCPP? ¿Por qué siempre se ha mostrado crítico sobre la teoría de la autoría mediata? ¿Se lanzará al ruedo político? Esto y otras interrogantes claves en La Ley edición nro. 11 del mes de mayo.  

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