Por: Luis Felipe Gamarra

En 2007, Prado acababa de llegar a la Corte Suprema como magistrado titular. Ni bien acababa de instalarse, el juez César San Martín lo convocó para integrar la Sala Penal Especial que juzgaría al expresidente Fujimori por los delitos de homicidio calicado, con el agravante de alevosía, contra las 25 víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, lesiones graves contra cuatro víctimas de Barrios Altos, y secuestro agravado, con el agravante de trato cruel, en agravio del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Según la acusación fiscal, el grupo Colina, autor material de las matanzas, asesinó a 25 personas inocentes en 15 meses de actividad, mientras que la administración Fujimori, en vez de investigar los hechos, ejecutó un febril intento por proteger a los asesinos. No obstante, para la mayoría de expertos entrevistados en aquel momento, quedaba claro que no sería fácil vincular directamente a Fujimori con el grupo de homicidas. Pero las pruebas, así como los testimonios que se escucharon durante el proceso oral, deslizaron para Prado la posibilidad de que el principal acusado habría cometido los crímenes bajo la teoría de la autoría mediata. Para Prado, así como para los otros dos magistrados, Fujimori merecería una condena de 25 años. “Han habido sentencias por hechos vinculados a violaciones de los derechos humanos, pero ninguna sentencia de esta magnitud llegó a alcanzar a un expresidente”, dice ahora Prado, redactor del capítulo de la autoría mediata, que forma ahora parte de los textos de formación jurídica, que recogen el caso Fujimori como un hecho de debate y estudio.

Sin embargo, a las pocas semanas de la sentencia, la defensa de Fujimori cuestionó la condena debido a la aparición en la prensa de un intercambio de correos electrónicos, en los que el vocal supremo San Martín le solicitó a uno de sus asistentes que se reúna con los juristas españoles Mar Carrasco y Carmen Juanate para que lo ayuden a sustentar el argumento de la autoría mediata.

Lo condenable para la defensa de Fujimori era que esta solicitud se hizo meses antes de la sentencia, en pleno proceso oral. Pero Prado contestó con total nitidez este cuestionamiento: “Yo soy el autor de ese capítulo de la sentencia sobre la autoría mediata, por la calidad particular de mi formación en Derecho Penal, más de 30 años de docencia y 25 libros publicados. La hice sobre la base de las fuentes que consulté y que están en ese capítulo a pie de página. Uno solo no decide. Los tres discutimos cada tema, pero la especialidad de la materia determinaba que fuera yo –por los conocimientos especializados en el área penal– quien redactara el capítulo de la autoría mediata”. Durante ese proceso, así como sus maestros le enseñaron los sólidos principios de la jurisprudencia a partir de su experiencia profesional, le tocó a Prado trasladar los debates entre los magistrados del caso Fujimori al ejercicio docente, para que sus alumnos trabajaran no solo sobre la base de la teoría.

Prado, a diferencia de César San Martín, quien fue separado del Poder Judicial tras el golpe de Estado de Fujimori en 1992, se encontraba fuera del Poder Judicial, trabajando fugazmente en el estudio del abogado penalista José Ugaz. Entonces, como la mayoría de abogados destacados, lo convocaron para desempeñarse como magistrado suplente. “El lunes 6 de abril de 1992 tenía que emitir mi primera sentencia como juez suplente, pero no se pudo porque el domingo previo Fujimori disolvió todos los poderes del Estado”, señala Prado, recordando que desde ese momento el Poder Judicial ingresó a una de sus eras más oscuras, de la que aún no se ha podido recuperar, convirtiéndose a la fecha en una de las instituciones más desprestigiadas para la opinión pública, con un 90% de desaprobación.

Por ese motivo, en diciembre de 2014, Prado postuló a la presidencia de la Corte Suprema, con el objetivo de renovar el rostro de este poder del Estado, recordando que tras la sentencia que le tocó dictar, el Poder Judicial alcanzó un efímero 25% de popularidad. “Si uno le pregunta a un niño qué opina de los jueces dirá que todos son corruptos porque es una idea que está marcada en cada ciudadano prácticamente desde que nace. Mi objetivo es cambiar eso, acercándonos a la ciudadanía, explicándole a la gente el porqué de cada sentencia que emitimos, en qué nos basamos. No concuerdo con aquella frase de los jueces que dice que todo está en la sentencia. La gente no comprende lo que está detrás de un fallo, por lo que cada resolución merece ser comentada por el propio magistrado”, señala Prado, recordando que en el pasado, durante un proceso contra Los Destructores –una de las bandas más peligrosas de los años noventa–, fue duramente criticado por los doce años de prisión que dictó en contra de los criminales.

“El problema, que no fue entendido en su momento por la sociedad, es que el Código Penal de 1991 solo contemplaba la pena máxima de ocho años para robo con agravantes. Nosotros les pusimos entre 12 y 15 años por otros delitos, pero para la población, comprensiblemente, no era justo. Sin embargo, gracias a esos casos, se elevaron las penas”, dice Prado. Hoy, para los casos de robo agravado, las condenas no son menores a 12 años de cárcel, y pueden alcanzar en el peor de los casos la cadena perpetua, según los agravantes, como el asesinato o la violación de la víctima. “La cadena perpetua surgió con la radicalización de las acciones terroristas, que se sumaron a la violencia de crímenes como el secuestro, los robos en banda y las violaciones a menores”.

Durante su carrera Prado ha dictado decenas de cadenas perpetuas, y ahora le toca revisar casos con sentencias de esa magnitud, donde debe rati- car, elevar o modicar la pena. “Todo se hace con criterio técnico, el juez no se puede inventar la pena, todo está en parámetros jados por la ley”, dice Prado, como si se encontrara al frente de una pizarra, explicándoles a sus alumnos la motivación detrás de cada sentencia.

Cuando le preguntamos sobre qué siente por dentro emitir esta condena, la más alta dentro del Código Penal, Prado responde con una explicación que parece sacada de un texto teórico: “Nosotros los jueces solo sopesamos entre los máximos y mínimos según las pruebas a nuestra disposición”. Insistimos, pero Prado se va por la tangente, señalando que analiza los casos que le toca ver con sus alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos o la Universidad Católica (PUCP), por lo que no se lleva a casa ningún sentimiento de culpa a la “vida domiciliaria”, como dice él, salvo el de haber ejercido con responsabilidad el encargo que ha recibido de la sociedad: tratar de buscar la equidad entre los hombre de buena fe y los criminales.

Carrera por el Derecho

Era la época de la Guerra Fría y había una frenética competencia entre dos bloques por liderar la carrera espacial. Quizá por eso el joven Víctor Prado pensó que lo más oportuno sería ingresar a Ingeniería Electrónica, para convertirse en un programador de aparatos que entonces solo existían en las películas de ciencia ficción. No obstante, su rendimiento académico en números, ciencias, geometría y física no era el más indicado para un muchacho que esperaba dedicar su vida a componer satélites o desarrollar programas para computadoras. “Me matriculé en una academia para prepararme para el examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniaría (UNI), pero allí constaté que no tenía el nivel que exigiría la carrera”.

Decepcionado por su desempeño numérico, participó en un programa de vacaciones útiles, donde descubrió que tenía facilidad para las letras. Inscrito en otra academia preuniversitaria, llegó a sus manos un documento breve, de dos o tres páginas, sin firma ni frases inspiradoras, casi un encarte publicitario, que lo introduciría al mundo del Derecho. “Solo recuerdo que la palabra justicia, escrita en letras grandes, me llamó mucho la atención”, dice Prado, quien ingresaría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sin imaginar que estaba por empezar una trayectoria ascendente, como los cohetes que alguna vez imaginó construir.

Pese a que en 1976, en plena dictadura militar, no parecía el mejor momento para seguir la carrera de Derecho, Prado fue testigo del momento de efervescencia democrática que se vivía en la facultad de su universidad. “Estábamos en pleno debate de la que sería la Constitución de 1979, que marcaría no solo el retorno a la democracia sino que crearía nuevas instituciones para su defensa, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”. La mayoría de profesores de plana docente de la Universidad Católica participó en ese proceso, por lo que los alumnos compartieron en las aulas la experiencia de la reconstrucción del Estado. Maestros como Mario Alzamora, Vicente Ugarte del Pino, Domingo García Rada, entre otros, acercaron a Prado no solo los conocimientos técnicos que necesitaba, sino que le enseñaron los valores y compromisos de la justicia con la sociedad.

Por eso, al finalizar el tercer ciclo, Prado, a diferencia de muchos de sus compañeros, optó por hacer sus primeras prácticas en el Poder Judicial, en el Quinto Tribunal Correccional de Lima, como lo que se llamaba un “amanuense”, una suerte de practicante no remunerado de los últimos ciclos de estudio. “Yo era pésimo en Derecho Penal, pero, precisamente, por desaprobar el curso, me metí de lleno en los libros, y me quedé prendado de esta especialidad. Nunca pensé en ingresar a un estudio. Lo mío, desde un inicio, fue hacer carrera en el Poder Judicial”. Poco tiempo después, por concurso público, Prado se sumó a la planilla del sector justicia como técnico en abogacía del Décimo Cuarto Tribunal Correccional de Lima, bajo el liderazgo del magistrado Ricardo La Hoz Lora. Por aquellos años, pese a su imponente edificio, el Palacio de Justicia aún era un recinto por el que se podía transitar sin mayor problema. Prado recorría los pasadizos del recinto todas las tardes, imaginando que algún día ingresaría a su propio despacho como magistrado de una sala superior.

Entonces, las ocinas funcionaban en el horario de 1:30 p. m. a 7:30 p. m. Pero, poco a poco, conforme se incrementaba la carga procesal, se abriría por primera vez otro turno por las mañanas. “En ese momento empezamos a sentirnos más incómodos, más apretados”, recuerda Prado, sentado ahora en su enorme despacho de vocal supremo, el cargo más alto en la carrera judicial. En sus inicios, su escritorio quedaba en lo que ahora es la sede de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde, paradójicamente, hoy le toca ejercer funciones revisando penas de las instancias inferiores.

En el año 1982, Prado decidió postular a la beca del Instituto Max Planck (Alemania Federal), considerado uno de los centros más importantes de formación en Derecho Penal. Tras ser admitido se retiró del Poder Judicial, pero regresó al nal de sus estudios como director del área de publicaciones del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el encargo de alimentar de información a los magistrados superiores. “Tan largo era el nombre del cargo que mi tarjeta de presentación tenía unas dimensiones curiosas”, comenta Prado.

Años más tarde, en busca de otro ascenso, decidió hacer su doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia (España), gracias a una beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana. “Fue muy fructífero, porque llegué en un momento en que en Europa se estaban renovando en conceptos y paradigmas del Derecho Penal, con una plana docente que representaba lo más selecto de la profesión”. Prado retornó en el año 1987, para dedicarse de lleno a la actividad judicial y docente, sin imaginar que la criminalidad, la corrupción y el terrorismo estaban por modi car el estándar de las penas en el Perú.

En busca de la presidencia

Prado sabe que el Poder Judicial es uno de los poderes con menos popularidad, probablemente incluso por debajo del Congreso. ¿En qué momento se empezó a deteriorar la imagen del máximo órgano de justicia del país? Prado señala que le tocó ser testigo mudo del incremento de este desprestigio, que empezó en los noventas, después de la intervención del Poder Judicial en manos de la dictadura de Fujimori. Precisamente, con el objetivo de revertir esta situación, Prado postuló en diciembre de 2014 a la presidencia de la Corte Suprema, pero no llegó a alcanzar los votos que necesitaba para liderar lo que él llama un cambio de paradigma en la concepción de la justicia.

Hoy, Prado se plantea volver a postular en un futuro próximo a la presidencia de la Corte Suprema. Su posición, dice, es institucional. Su objetivo, reconciliar al Poder Judicial con la población, sacándola de ese 10% inamovible de popularidad que goza desde hace más de una década, para poder ganar peso político en el Ejecutivo en busca de ese esperado salto presupuestal que exige la modernización del Poder Judicial. Será para Prado el final perfecto para su trayectoria, que empezó desde que era un simple practicante, hasta convertirse en uno de los tres magistrados que serán recordados en los libros de historia como aquel que sustentó una condena que será leída y releída por las próximas generaciones de estudiantes de Derecho.