*Por: Martín Santiváñez

Esta vocación profundamente generalista concentraba en la persona del socio fundador toda labor que se consideraba secundaria al núcleo del negocio, esto es, toda acción formativa o académica, cualquier intento de marketing, networking, atención al cliente, estrategia ­financiera, política de internacionalización, etc. Solo las ­firmas familiares grandes activaron, paulatinamente, una cierta estructura capaz de fomentar este tipo de estándares, aunque sin romper con el protagonismo de los socios fundadores o directores.

La supervivencia de este modelo se enfrenta a cambios vertiginosos provocados por un cambio de paradigma producto de la globalización. La mundialización de los procesos ha producido un cambio real en diversos ámbitos, el político, el económico, el social y, por supuesto, el jurídico. La prestación de los servicios se ve determinada por la impronta globalizadora y es por ello que los operadores jurídicos –especialmente aquellos con una capacidad de transformación más rápida como los estudios de abogados– tienen que adecuarse a estos cambios.

De hecho, la globalización facilita la transformación, porque los mercados, al globalizarse, generan una mayor complejidad en el sistema jurídico. Basta con analizar la creciente producción normativa de nuestro país, así como la difusión de las tendencias internacionales tanto en el derecho público como en el privado.

El arribo de fi­rmas extranjeras facilita esta reforma que tiende a profesionalizar los servicios y a crear unidades de negocio interdependientes dentro de los despachos, generando toda una corriente que desemboca en el desarrollo de estudios colectivos, con una regulación propia que facilita una especialización que es capaz de convivir en el mercado con las grandes fi­rmas familiares. De hecho, las ­firmas tradicionales también exploran la posibilidad de incorporarse a estas nuevas tendencias con mucho éxito y suelen liderar la transformación de estructuras históricas en unidades proveedoras de servicios que uniformizan estándares basándose en una experiencia global.

Este paso fundamental, el de asumir técnicas vinculadas al management propias de cualquier sector empresarial, facilita la transformación de los estudios tradicionales en auténticas empresas de servicios. Ciertamente, siempre ha sido necesario que, para llevar a cabo su actividad, el abogado genere en el entorno de su activo fundamental (la prestación técnica de conocimientos jurídicos) un cúmulo de recursos productivos que faciliten dicha actividad. Para ejercer la abogacía se precisa de instalaciones, bienes muebles, empleados, capital, en suma, un coste empresarial que afrontar.

Estos factores empresariales no se van a reducir con el paso de los años. Por el contrario, la expansión de los estándares empresariales se presenta en todas las áreas profesionales y poco a poco se incorporan en la propia formación que se imparte en las universidades. De la misma forma en que el inglés es el idioma global, el management se ha convertido en la técnica que permite la interacción de diversas dimensiones del conocimiento. Todo esto, por supuesto, implica una difusión de la razón empresarial como motivadora de los cambios que se producen en la sociedad.

La labor de gestión facilita la prestación del servicio jurídico y lo hace más e­ficiente. La lógica empresarial que debe difundirse en las universidades es una lógica basada en la gestión por resultados, en el valor de la efi­ciencia. Mientras este conocimiento es promovido desde la universidad, poco a poco, por la propia inercia de la competencia, los estudios de abogados más exitosos incorporarán la gestión empresarial a su dirección y a sus procesos. La gestión del conocimiento, la estrategia ­financiera, la viabilidad de un plan de capital humano, el marketing del despacho, el networking y la comunicación forman parte de una gestión empresarial imprescindible para crecer o consolidarse.

Que se actúe siguiendo la lógica de la gestión empresarial no implica que el estudio abandone la necesidad de promover la excelencia en lo jurídico. De hecho, planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos permite que el estudio se dedique de manera efi­ciente a la búsqueda de la excelencia jurídica sin tener que renunciar al crecimiento y el liderazgo en el mercado.

Existe, por supuesto, un claro riesgo de mercantilizar la abogacía, dejando de lado una perspectiva necesariamente deontológica. En tal sentido, es importante recalcar que el ejercicio de la abogacía, sin dejar de ser una técnica profesional, no puede apartarse del necesario trasfondo principista que le otorga un sentido trascendente. La abogacía es capaz de transformar la sociedad si es ejercida con un objetivo reformista. Ahora bien, como todo impulso de renovación, para ser efectivo, necesita cumplir con sus objetivos en un plazo de tiempo concreto.

Así, incluso para alcanzar la función social de la abogacía y mejorar su prestigio frente a la comunidad la implementación de estándares empresariales en su ejercicio es un extremo de por sí positivo. La disciplina, la técnica que materializa sus objetivos incrementa su relevancia social. Una abogacía rápida, eficaz, anclada en la realidad peruana pero, al mismo tiempo, con una fuerte impronta internacional, eleva la calidad de nuestra justicia. Una abogacía que no teme brindar servicios según estándares mundiales y que se preocupa por la e­ficiencia socialmente responsable es, sin duda, un agente de cambio.

En realidad, que un despacho de abogados opte por actuar como una empresa de servicios no es ya una opción secundaria. Es casi una necesidad de e­ficiencia que impone un mercado cada vez más complejo. Con todo, la calidad de dicha empresa, la pertinencia de sus servicios y el compromiso solidario que demuestre con la comunidad sí se presentan como elementos fundamentales que todo abogado que aspire al liderazgo debe analizar.