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Pedro Alva Monge
Martes, 1 de septiembre de 2015 | Leída 9731 veces
A PROPÓSITO DE NUEVAS DISPOSICIONES EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1194

Modificaciones al Proceso Penal Inmediato: ¿acierto o error?

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Si bien este proceso penal especial es una buena solución para combatir la inseguridad ciudadana, las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal desnaturalizan la figura hasta convertirla no solo en impráctica, sino también en inconstitucional.

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El 30 de agosto pasado se publicó el Decreto Legislativo N° 1194, que modifica y adelanta la vigencia del proceso penal inmediato –proceso pensado para el imputado confeso, detenido en flagrancia delictiva o con elementos de cargo evidentes–. Si bien este proceso penal especial –establecido en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)– es una buena solución para combatir la inseguridad ciudadana, las modificaciones introducidas por el Gobierno, vía delegación de facultades mediante Ley N° 30336, retuercen la figura hasta convertirla en inconstitucional e impráctica.  A modo puntual, indicamos tres aspectos.

 

Primero.- A diferencia del derogado artículo 446.1 del NCPP, ahora se obliga a los fiscales a iniciar el proceso inmediato (antes era facultativo). Eso es gravísimo porque atenta contra la autonomía fiscal. El fiscal es el estratega de la acción penal, él debe decidir –y no ser obligado por la ley– qué tipo de proceso inicia ya que ostenta la titularidad de la acción penal y la conducción de la investigación del delito. Por tanto, el Decreto Legislativo N° 1194contradice no solo el propio Código Procesal Penal (artículo 60), sino que colisiona con los artículos 158 y 159, inciso 4, de la Constitución.

 

Segundo.- Aun cuando no sea un caso de flagrancia, el delito de conducción en estado de ebriedad siempre será bajo el proceso inmediato (artículo 446.4 NCPP). Antes este delito se resolvía casi en su totalidad en el despacho fiscal bajo el principio de oportunidad (a modo de reparación  civil a la sociedad se entregaba una indemnización y finalizaba el proceso). Ahora será resuelto en una audiencia con el juez y el fiscal. El problema: el Juez se llenará de audiencias poco importantes y de mero trámite –igual se aplicará el principio de oportunidad (artículo 447.3 NCPP)–, las audiencias implican ya una re estigmatización del investigado, inmerecida por un delito de poco dañosidad social y en no pocos casos se prestará para un circo mediático. Vamos a congestionar  el sistema de justicia penal con un delito de bagatela en vez de concentrar esfuerzo en los crímenes de mayor afectación social.

 

Tercero.- El esfuerzo por mejorar el marco normativo contra la inseguridad ciudadana es loable, pero de buenas intenciones está el camino al infierno (o a la cárcel, que en este país, es casi lo mismo). ¿Qué le cuesta primero al Gobierno mejorar el marco físico (acondicionar juzgados especiales de flagrancias, por ejemplo); operacional (crear protocolos de actuación, modelos de implementación, contrastar con técnicos legales el Decreto Legislativo 1194, etc.), e institucional (capacitación fiscal y judicial, procesos de adaptación) antes de emitir leyes?

 

Hay que comprender, a fin de establecer una debida policita criminal, que cambiando la ley procesal penal (el NCPP) no se resuelve el problema. Incluso en casos como este, que seguramente provocaran injusticias contra la libertad, se agrava.

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3 Comentarios
Cesar Salazar Davila
Fecha: Sábado, 7 de noviembre de 2015 a las 21:56
En realidad comparto la opinión del autor del comentario, tal vez desde una visión mas política se vea bien, pero desde una óptica jurídica constitucional, el derecho Penal no puede servir para solucionar problemas sociales, es más técnicamente, volverá a brotar el problema en los juzgado penales, se llenaran de casos de bagatela, sin tener estos las capacidad logística ni de personal, que no nos parezca raro ver casos de poca importancia como conducción de vehículo en estado de ebriedad en Juzgados, dejando y desgastando esfuerzo en otros casos que si tienen que ver con la inseguridad ciudada
José Flores Quille
Fecha: Lunes, 7 de septiembre de 2015 a las 22:28
La autonomía fiscal que garantiza la Constitución y el NCPP, no es absoluta, pues la actuación de los fiscales necesariamente se halla parametrada por las reglas del proceso. Ante un delito flagrante ya no existe necesidad de promover investigación preparatoria; por tanto lo que corresponde es pasar a la siguiente fase que es el juzgamiento; pero los Fiscales no entienden esto y promueven inncesariamente la preparatoria; lo que a mi juicio a justificado la dación de la Ley, que obliga a instaurar en proceso inmediato en estos casos. Si no es por las buenas, será por la mala.
PRIMITIVO REYNA AGUIRRE.
Fecha: Sábado, 5 de septiembre de 2015 a las 21:22
CONSIDERAMOS QUE LA LEY ESTA BIEN DADA, PORQUE HAY QUE INVESTIGARLE A QUIEN HA HECHO UNA CONFESION SINCERA, O HA SIDO ENCONTRADO EN FLAGRANCIA, O EXISTEN ELEMENTOS FEHACIENTES DE LA COMISION DEL DELITO. NO SE PORQUE SE PUEDE DECIR CONTRARIO A LA LOGICA Y A LA CONSTITUCION, QUE HAY QUE SEGUIR TODOS LOS PASOS DEL C. P. P., QUE EN ESTOS CASOS DEVIENEN EN INNECESARIOS, ASI QUE DE PLANO AL BOTE.

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