Luego de que la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima declaró como prueba ‘ilícita’ las grabaciones reveladas en el 2008, denominadas ‘petroaudios’, consistentes en escuchas que ponían en descubierto presuntos actos de corrupción en la licitación de lotes petroleros en el país, un proyecto de ley pareciera intentar poner freno a tales decisiones judiciales. 

En una iniciativa legislativa presentada recientemente se propone que la prueba prohibida u obtenida de manera ilegal sea admitida en los casos de corrupción de funcionarios públicos. Es decir, dichas pruebas serán válidas en los supuestos que se advierta la afectación al interés público, en especial cuando resulten pertinentes para los procesos sobre delitos contra la Administración Pública.

Asimismo, el proyecto de ley, que busca modificar el artículo 159 del Código Procesal Penal, señala que esto no sería aplicable en el caso de que la obtención de la prueba fue promovida u obtenida por funcionarios del Estado (policías, agentes de servicios de inteligencia, etc.).

Por último, la admisión excepcional de la prueba bajo los alcances descritos, no eximirá de las responsabilidades que, de acuerdo a ley, corresponda a quien lesionó derechos fundamentales.

Lea aquí la iniciativa que espera ser debatido en la Comisión de Justicia del Parlamento:

PL0484420150929 by La Ley