Por un plazo no mayor de diez años, entidades privadas (y públicas) podrán participar en la administración de determinados componentes de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico. Para ello, deberán suscribir el respectivo «Convenio de Gestión Cultural” con el Ministerio de Cultura.

Estos convenios incluirán el compromiso del inversionista de complementar la labor de protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión o puesta en valor sostenible de estos lugares protegidos. Asimismo, podrán incluir la administración de servicios complementarios. 

Así lo ha dispuesto el Decreto Legislativo N° 1198 publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de setiembre de 2015, norma que modificó la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296. Además, se establece un plazo de 90 días para la emisión de un decreto supremo donde se precise el procedimiento, modelo y criterios adecuados para el otorgamiento de estos convenios.

La norma precisa que los convenios de gestión cultural deberán conservar el significado cultural del inmueble y promover el acceso y uso social del mismo. No podrán incluirán los sitios del Patrimonio Mundial, ni eximirán del cumplimiento de los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, ni conllevarán el uso de garantías del Estado o transferencia de recursos públicos a entidades privadas, con la sola excepción de los recursos recaudados por el boleto de ingreso.

Cabe precisar que, a la fecha, el Ministerio de Cultura ha identificado hasta diecinueve mil novecientos tres (19,903) monumentos arqueológicos en todo el territorio nacional, cuya gestión –en virtud de esta norma– ahora podrá entregarse a un inversionista privado.