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Viernes, 6 de noviembre de 2015 | Leída 1277 veces
ADEMÁS SE DISPONE LA CREACIÓN DE UN REGISTRO A CARGO DEL MINJUS

Víctimas de esterilizaciones forzadas contarán con asesoría legal gratuita del Estado

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El Ejecutivo ordenó el reconocimiento y la atención prioritaria de los ciudadanos intervenidos contra su voluntad a ligaduras de trompas y vasectomías entre los años 1995-2001. MINJUS ofrecerá asesoría legal gratuita, la cual puede incluir la formulación de denuncias contra los que se presume responsables de estos actos.

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Los casos de esterilizaciones forzadas ocurridos durante el gobierno fujimorista serán atendidos por el Estado. Así, las personas que se consideren víctimas podrán contar con asistencia legal gratuita por parte de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas del MInisterio de Justicia y de Derechos Humanos. Estos servicios legales podrán consistir en la eventual formulación de denuncias contra los presuntos responsables, así como el seguimiento y patrocinio pertinente luego de interpuestas.

 

Así lo establece el Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS publicado este viernes 6 de noviembre en el diario oficial, el cual además ordena que las víctimas reciban atención médica completa a través del Seguro Integral de Salud (SIS). .

 

En la norma, el Ejecutivo recoge informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, además de datos contenidos en el Expediente Nº 26-2011 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial, que advirtió una cantidad de 2,091 presuntos casos. Por ello, y a fin de identificar el número de personas afectadas, el Ejecutivo ordena la creación de un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) que será manejado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables será responsable de la asistencia psicológica y social de las personas incluidas en el registro.

 

De otro lado, se señala que el financiamiento para llevar a cabo la asistencia partirá del presupuesto institucional asignado al Ministerio de Justicia y al Ministerio de la Mujer, los dos sectores de los que se espera la publicación de las normas complementarias que fijen procedimientos para el reconocimiento, registro y atención de las víctimas.

 

Finalmente se establece que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables emitirán, en un plazo de 30 días, las normas complementarias que sean necesarias para la implementación de estos beneficios.

 

Como se recuerda, el Estado peruano asumió compromisos sobre el caso Mamérita Mestanza —víctima de esterilización forzada que falleció ocho días después de la intervención, en 1998— mediante un acuerdo de solución amistosa, el cual fue aprobado por la Comisión Interamericana en su Informe Informe Nº 71/03. Según reportó la organización por los derechos de las mujeres Demus, el representante del Estado peruano ante la Corte IDH, Juan Jiménez Mayor, afirmó la importancia de contar con un registro único de víctimas durante la reunión de trabajo celebrada el pasado 21 de octubre.

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