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Clara Mosquera Vásquez
Miércoles, 3 de febrero de 2016 | Leída 3464 veces
SOBRE LA DESPROPORCIONALIDAD EN LOS PROCESOS POR FLAGRANCIA

La incongruencia de algunas normas penales

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La jueza Clara Mosquera sostiene que las recientes sentencias por violencia contra la autoridad en aplicación del proceso inmediato obligatorio para casos de flagrancia resultan desproporcionales al compararlas con las impuestas para otros delitos graves donde se afectan bienes jurídicos de mayor trascendencia, tales como la vida y la salud.

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En las últimas semanas ha sido materia de discusión las elevadas penas que se están imponiendo a las personas que incurren en la comisión del delito de violencia contra la autoridad en su forma agravada tipificado en el segundo párrafo del artículo 367 del Código Penal, cuya pena oscila entre los 8 y 12 años de pena privativa de libertad.

 

Los cuestionamientos de la opinión pública a las penas impuestas a los recientes casos, ha ocasionado que la Sala Plena de la Corte Suprema se reúna en el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario en materia penal y procesal penal a fin de analizar la correcta interpretación de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad y, por otro lado, para unificar criterios respecto a la aplicación del proceso inmediato en los procesos de flagrancia delictiva.

 

Consideramos que las penas establecidas en el segundo párrafo del artículo 368 del Código Penal son desproporcionadas frente a las penas a imponerse por la comisión de otros delitos donde se afectan bienes jurídicos de mayor trascendencia. Así, por ejemplo, si un conductor infringiendo las normas de tránsito causa lesiones a una persona, de no existir circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo existan éstas últimas, la pena se establecerá dentro del tercio inferior de la pena establecida en el último párrafo del artículo 124 del Código Penal, esto es, entre 4 años y 4 años 8 meses de pena privativa de libertad. Por el contrario, si alguien abofetea a un efectivo policial, de no existir circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo existan éstas últimas, la pena se establecerá dentro del tercio inferior de la pena establecida en el segundo párrafo del artículo 368 del Código Penal, esto es, entre 8 años y 9 años 4 meses de pena privativa de libertad.

 

Comparando las sanciones que recibirían quien hiere o mutila a alguien al conducir un vehículo infringiendo las normas de tránsito, con las que recibe alguien que abofetea a un efectivo policial, podemos afirmar que para nuestro ordenamiento legal, los bienes jurídicos integridad física y salud tienen menos valor que el bien jurídico protegido constituido por el libre ejercicio de la función pública.

 

Si bien coincidimos en que todo aquel que agrede a una autoridad merece una sanción, consideramos que ella no puede ser superior a aquella que se impone a quienes lesionan bienes jurídicos de mayor importancia como vida humana e integridad física y salud. Por ello no deja de llamar la atención que delitos como el de homicidio culposo sean sancionados con penas entre 4 y 8 años de pena privativa de la libertad, y el de lesiones culposas agravadas con penas entre 4 y 6 años de pena privativa de la libertad, por debajo de la pena que se impone por la comisión del delito de violencia contra la autoridad en su forma agravada.

 

Creemos incluso que una alternativa para sancionar a quienes agreden a autoridades es la pena de prestación de servicios a la comunidad, así, el agresor sería condenado a trabajar gratuitamente en beneficio de la sociedad, lo que permitiría que los sentenciados tomen conciencia del delito cometido, lo que no creemos que se logre con una pena privativa de la libertad.

 

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(*) Clara Celinda Mosquera Vásquez es magistrada del Juzgado Penal Especializado de Tránsito y Seguridad Vial de la Corte de Lima Norte.

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4 Comentarios
RIKELL VARGAS MELENDEZ
Fecha: Jueves, 4 de febrero de 2016 a las 14:27
Si bien es cierto deben ser sancionadas las conductas que atentan contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como es la policía; pero, haciendo un balance entre el bien jurídico del libre ejercicio de la función publica y otros bienes jurídicos como son la propiedad, integridad física; acaso estos tienen menor importancia que el libre ejercicio de la función publica. creo que la sanción debe ser proporcional al hecho, si bien existe una conducta que vulnera un bien jurídico, pero ello no debe ser la razón para imponer sanciones excesivas e inhumanas.
Luis
Fecha: Jueves, 4 de febrero de 2016 a las 11:34
Haber si cuando empiecen a agredir física o verbalmente a jueces y Fiscales en el ejercicio de su función van a seguir opinando lo mismo. En otros países desarrollados las penas son muy drásticas para aquellos que se resisten y agreden a policías o autoridades. Con los servicios comunitarios, que en nuestro país no funciona, los transgresores de la ley seguirán burlándose, resistiéndose y violentando a nuestras autoridades.
PABLO SIFUENTES CRUZ
Fecha: Jueves, 4 de febrero de 2016 a las 09:39
Coincido en parte con lo señalado por la magistrada MOSQUERA VASQUEZ, en el setido que existen bienes jurídicos de mayor relevancia que tienen una penalidad menos que el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo también es cierto que uno de los principios rectores del DERECHO PENAL es el principio de proporcionalidad de la pena establecido en el artículo VIII, por que señala la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Lo que pasa es que los jueces actualmente se han convertido en mecánicos de la ley. Atte. abogado Pablo Sifuentes Cruz CAL. 43078
Josep
Fecha: Jueves, 4 de febrero de 2016 a las 08:51
De acuerdo con la desproporcionalidad de penas, pero tampoco se puede considerar a la resistencia y violencia contra la autoridad un delito leve y menos sancionarlo con servicio a la comunidad que, como se sabe, es un saludo a la bandera. Tampoco se puede comparar una delito culposo (sin intención) con un doloso (con intención) como se hace, hay mucha diferencia. La resistencia y violencia a la a autoridad es un delito tan grave que de ello depende todo el sistema coercitivo estatal, de lo contrario nadie respetaría el ejercicio de la autoridad y se burlaría de ello.

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