Si bien en los planes de gestión expuestos por los candidatos presidenciales que se preparan para el 10 de abril es posible hallar similitudes de fondo como la lucha anticorrupción y la reforma institucional de la Justicia, existen -en algunos casos- ciertas ideas específicas que, pese a cuestionables, no dejan de ser innovadoras.

A propósito de la crisis en el Poder Judicial, relacionada a la sobrecarga de procesos y los altos niveles de provisionalidad, entre otros problemas, y la inminencia de los comicios generales,  presentamos en esta segunda entrega los planteamientos de otros seis postulantes a la presidencia de la República en torno a este tercer poder del Estado.

Perú Nación: creación de un Tribunal de Honor en el PJ

La organización política Perú Nación, que impulsa la candidatura de Francisco Diez Canseco, propone la creación de un Tribunal de Honor en el Poder Judicial a fin de excluir a magistrados vinculados a actos de corrupción. Este Tribunal sería designado por el también propuesto “Consejo Nacional de Moral Pública”, un organismo adjunto al Poder Ejecutivo que encabezaría el presidente de la República.

Otra de las medidas inmediatas del plan de gestión de Perú Nación es el incremento presupuestal para la modernización del Poder Judicial, así como el establecimiento de protocolos que aceleren la reducción de la carga procesal.

Frente Amplio: paridad de género y justicia eficiente para la mujer

La candidata Verónika Mendoza, del partido Frente Amplio sostiene, por su parte, un plan de gobierno centrado en la paridad de género, la inclusión y los derechos humanos. Así, la agrupación propone que sea obligatorio el enfoque de género en el Poder Judicial a fin de proteger oportunamente los derechos de la mujer.

A su vez, Mendoza plantea incluir asuntos de género y derechos humanos en la currícula del Poder Judicial y las demás entidades que conforman el Sistema de Justicia, así como sancionar con la inhabilitación del cargo a autoridades y funcionarios públicos involucrados en casos de violencia contra la mujer.

Alianza para el Progreso del Perú: sistema único de justicia estatal

El candidato de Alianza para el Progreso del Perú (APP), César Acuña, propone en su plan de gobierno una “Reingeniería del Poder Judicial”. En este se sugiere regular el uso del criterio jurisdiccional a partir de una modificación a la Constitución. De esta manera, el equipo del exgobernador de La Libertad prevé reducir las quejas contra los operadores de Justicia por emitir fallos distintos para casos que guardan similitud de fondo.

Además, APP plantea la creación de un sistema único, conformado por todos los entes de Justicia, al que se le otorgará facultades legislativas para emitir normas que luego podrán ser evaluadas por el Congreso de la República. Así, el Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Justicia Militar, Policía Nacional, Tribunales administrativos y Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados operarán conjuntamente como un solo “Sistema de Justicia Estatal”, perdiendo así algunas de ellas, su autonomía constitucional.

Otras propuestas, como la de repotenciar el servicio de abogados de oficio o la de implementar el expediente digital para los procesos judiciales en todo el país y la de establecer la acumulación de penas para delitos concurrentes también figuran como objetivos en su plan de gestión.

Frente Esperanza: más precedentes vinculantes por parte de la Corte Suprema

De otro lado, el plan de gestión de Fernando Olivera, candidato por la agrupación Frente Esperanza, sugiere impulsar la emisión frecuente de precedentes vinculantes por parte de la Corte Suprema a fin de unificar criterios para determinados casos y evitar así procesos innecesariamente largos.

El equipo de Olivera también propone otorgar facultades a la Corte Suprema para revisar cualquier caso de oficio, tal como lo hacen las instancias judiciales de las cortes superiores. Para contribuir con la descarga procesal, sugiere dotar de mayores facultades a los Juzgados de Paz no Letrados e impulsar otros métodos de solución de conflictos, como el arbitraje, la conciliación y la mediación.

En relación a las penas, propone que estas sean acumulativas y considerar como un agravante la reincidencia de delitos, además de eliminar los beneficios penitenciarios a personas condenadas por narcotráfico y corrupción agravada y establecer un régimen de incomunicación para ciertos casos.

Asimismo, Olivera sostiene que el periodo de mandato del presidente de la Corte Suprema debe ser ampliado a cuatro años y que la prisión preventiva debe consistir en un periodo mínimo y obligatorio de nueve meses. Otra de sus propuestas es ampliar el margen de edad para procesar a menores desde los 16 años y declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo, crimen organizado, lesa humanidad, tráfico ilícito de drogas y agresión sexual.

Partido Nacionalista Peruano: creación de centros de asistencia legal gratuita

Un tanto más breve es el planteamiento de Daniel Urresti, candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista Peruano. Según su plan de gestión en materia de justicia, se priorizará la mejora en la atención por parte de los operadores judiciales a la ciudadanía en un marco de reforma del sistema de Justicia.

Asimismo, el equipo del exministro del Interior sugiere la creación de 25 centros en los que se impartirá asistencia legal  de forma gratuita en el país. Otro punto que sostiene en su plan de gestión es el de establecer mecanismos para evitar nombramientos irregulares de jueces.

Solidaridad Nacional: descentralización de la justicia a través del arbitraje

Hernando Guerra García, candidato por Solidaridad Nacional (SN), propone una reforma integral del Poder Judicial. Para sostener este planteamiento, su equipo plantea impulsar la meritocracia en la elección y ratificación de jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), además de poner en conocimiento público la hoja de servicios brindados por los magistrados durante su paso en la institución.

A su vez, el partido de Guerra García sugiere aplicar la acumulación de penas y eliminar los beneficios penitenciarios para condenados por violación, homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Para estos casos, así como para el crimen organizado, el candidato plantea aplicar la cadena perpetua.

Asimismo, SN fija en su plan de gestión la ampliación de la red local de jueces de paz y la implementación de módulos básicos para resolver los conflictos civiles menos complejos. Otro de sus planes es “descentralizar” la justicia a través del fortalecimiento del arbitraje gestionado por instituciones privadas, lo que, según señala, reduciría la carga procesal en el Poder Judicial.