El artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) señala que «las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral, están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyen propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral«. Asimismo, estipula que esta prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la exclusión del proceso electoral correspondiente.

En cumplimiento de este artículo, hace una semana, el JNE decidió excluir al candidato presidencial César Acuña (Alianza para el Progreso) de la contienda electoral por haber violado la referida disposición al entregar dinero en el marco de una actividad proselitista.

Luego, y como era de esperarse, los reflectores de la prensa giraron hacia los otros candidatos, ya que para muchos no sólo Cesar Acuña, sino la mayoría de los políticos en competencia incurre en conductas reñidas con la legalidad, similares a la cometida por el referido postulante.

Así, el 04 de marzo de 2016 se interpuso ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, una denuncia sobre “donación indebida en campaña electoral”, por parte de la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular), solicitando (como en el caso César Acuña) su exclusión del proceso. Cabe precisar que la base de esta denuncia fue justamente un destape periodístico publicado en la Revista Caretas (dos fotografías) titulado “Sobrecito manda” en la edición del 26 de febrero de 2016.

Las fotografías, valgan verdades, a ojos del peruano promedio, resultan más que evidentes. Es más, gran parte de la opinión pública considera que al igual que César Acuña, la candidata Keiko Fujimori también violó el mandato del artículo 42° de la LOP.

En ese sentido, y bajo la misma lógica aplicada al caso de César Acuña, la Ley es dura pero es igual para todos y nadie está por encima de ella. El día 11 de marzo de 2016, cientos de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles a exigir la exclusión de la candidata Keiko Fujimori del proceso electoral por haber cometido la misma falta que el candidato César Acuña.

Sin embargo, en el Informe N° 010-2016-LMSBR-DNFPE-/JNE, se señala: 1) Que los hechos denunciados no han sido acreditados con medios probatorios idóneos (aun cuando para el peruano promedio, repito, las fotografías son más que evidentes); 2) Que no se puede determinar la naturaleza del evento (proselitista u otro) en el cual se realizó la entrega de dinero; y 3) Con respecto al sorteo de artefactos electrodomésticos llevado a cabo el 07 de febrero de 2016 durante una campaña médica en el Parque Túpac Amaru, se señala (a pesar del ticket -con lugar y fecha- presentado como prueba) que no se evidencia que este se haya llevado a cabo ni que se hayan entregado los artefactos electrodomésticos.

Sobre el punto 2: Si la actividad fue organizada por el Grupo Factor K, juventud de Fuerza Popular, colectivo fundado por Milton Miranda, candidato al Congreso por Fuerza Popular, evento al cual la candidata asiste el 14 de febrero de 2016 (Día de San Valentín) en un ambiente cargado de publicidad política, ¿alguien puede creer que el referido evento no tenía una naturaleza proselitista? Es decir, si este evento, con estas características, no tiene una connotación proselitista, entonces, ¿de qué se trató? ¿Un almuerzo familiar? ¿Un encuentro entre amigos? ¿Una coincidencia por el Día del Amor?

Sobre el punto 3: el artículo 42° de la LOP (interpretado literalmente, como algunos exigen) no requiere: 1) Que el dinero sea de la organización política o del candidato, 2) Que la entrega del dinero la tenga que hacer el propio candidato; o 3) Que se verifique la entrega física del bien. De hecho, la propia disposición señala que la entrega puede realizarse a través de terceros y que basta la promesa o el ofrecimiento para que la falta se configure.

Dicho todo ello, considero que la reflexión expuesta sobre la configuración de la falta del artículo 42° de la LOP -para el caso de la candidata Keiko Fujimori- en el Informe referido, presenta serias inconsistencias, sobre todo jurídico-interpretativas, pues al final de la misma, el órgano competente termina exigiendo el cumplimiento de requisitos y/o supuestos que la propia LOP no exige. Esperemos, en todo caso, que tanto el JEE como el JNE analicen con mayor rigor este asunto, y acaben con las dudas y especulaciones que se vienen tejiendo sobre la transparencia y equidad en la administración de la justicia electoral.

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(*) Rafael Rodríguez Campos es abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) con título de Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la misma casa de estudios. Además, es profesor de Derecho Electoral e Historia de las Ideas Políticas 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.