Escriben: César Abanto Revilla (*) con la colaboración de Javier Paitán Martínez (**)

Estamos a un par de semanas de las elecciones para elegir al nuevo presidente del Perú y, revisando los planes de gobierno de los candidatos que – según las encuestas– ocupan los primeros cinco lugares en la preferencia de la ciudadanía, vemos referencias genéricas en relación al problema pensionario con miras a una futura y necesaria reforma integral. Revisemos caso por caso:

1. “Fuerza Popular” (candidata: Keiko Fujimori), propone otorgar una pensión de invalidez para las personas con discapacidad total severa en situación de pobreza y mejorar la atención de justicia de los derechos de los pensionistas frente al Estado. El primer punto, ya ha sido materia de regulación, a través del D.S.N° 004-2015-MIMP, publicado en El Peruano el 11/08/2015. Cabe recordar, además, que algunas de las principales reformas previsionales, incluida la implementación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en 1992, se dieron durante el Fujimorismo.

2. “Peruanos Por el Kambio” (candidato: Pedro Pablo Kuczynski), ofrece crear un seguro de desempleo e implementar una reforma previsional inclusiva. Hay que recordar PPK fue Ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el cual se produjo el cierre del D.L.N° 20530 por Ley N° 28389 (2004).

3. “Acción Popular” (candidato: Alfredo Barnechea), plantea otorgar pensiones justas y crear una pensión mínima, a través del incremento del Impuesto General a las Ventas (IGV) en un 1 a 0.5 %. Además, propone la reestructuración integral del sistema previsional, estableciendo la competencia real entre los prestadores del Sistema Privado de Pensiones (SPP) con intervención del Banco de la Nación y sin ningún privilegio ni ventaja particular, además de la liberalización de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a partir de los 65 años de edad.

4. “Frente Amplio” (candidata: Verónika Mendoza), postula una reforma integral del sistema público y privado de pensiones para garantizar una pensión mínima digna y universal, así como la implementación de sistemas complementarios y voluntarios de pensiones privadas, la creación de la Superintendencia de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Pensiones, la eliminación de la discriminación en pensiones y el financiamiento tripartito de los aportes.

5. “Alianza Popular” (candidato: Alan García), propone establecer, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mecanismos que promuevan mayor competencia y regulen el cobro de las comisiones excesivas por parte de las AFP, en detrimento de las pensiones de los afiliados.

La mayoría de propuestas plantea acciones frente a temas concretos, pero sin aterrizar en el desarrollo del cómo se llevarán a cabo y/o la forma en que serán implementadas, pese a que el problema pensionario tiene un impacto económico, social y jurídico de enorme relevancia en el presente y futuro de la población.

En efecto, precisamente porque el Perú es uno de los países de la región con menor tasa de cobertura (personas protegidas por la seguridad social), que apenas llega al 30%, por el efecto negativo de la informalidad laboral, que bordea el 70%, con niveles del 85% en sectores como las MYPE, es necesario plantear una revisión integral del sistema, a fin de incorporar a una mayor cantidad de ciudadanos, de lo contrario, tendremos que pensar en el programa “Pensión 65” como un mecanismo permanente… y que cada día tendrá más afiliados.

Recordando el pasado reciente, medidas como la derogatoria parcial de la Ley N° 29903, en el extremo que pretendía la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes, o el Proyecto de Ley que el miércoles 23/03/2016 ha sido aprobado por la Comisión de Economía del Congreso de la República a fin que sea revisado por el Pleno, que habilitará a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar el 95.5% de los fondos de su cuenta individual al llegar a los 65 años de edad -medida que consideramos inconstitucional-, son un muestra de los peligros que enfrenta el sistema pensionario.

Si la implementación del SPP y la reforma del 2012 se realizaron tomando en cuenta las medidas aplicadas en Chile, ¿por qué no se imitan también las soluciones?

En el 2008, fue publicada la Ley N° 20,255 que aprobó la reforma del sistema de las AFP del país del sur, tomando como base el informe de una Comisión Presidencial (Comisión Walker), tras dos años de trabajo y debates con los principales actores (empleadores, trabajadores, pensionistas y entidades previsionales privadas y públicas); en la actualidad, otra Comisión Presidencial (Comisión Bravo) presentó -en Setiembre 2015- un informe en el cual se proponen diversas recomendaciones para reajustar dicha reforma: fortalecer las pensiones solidarias, aumentar la edad de jubilación, promover la educación previsional, entre otras medidas dirigidas a mejorar las prestaciones pensionarias.

En el Perú de hoy, cuando uno inicia por primera vez sus labores como dependiente debe elegir por afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por el Estado a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), o al SPP de las AFP, supervisado por el Estado mediante la SBS, cada uno de los cuales con una estructura y características diametralmente distintas, desde su esquema de financiamiento (reparto vs. capitalización) hasta los requisitos para acceder a una pensión de jubilación o vejez (en el SNP debe cumplirse una edad predeterminada y, además, acreditar ciertos años de aportación, mientras en el SPP, sólo la edad).

Ambos presentan elementos positivos y negativos que deben ser reajustados, incluso se podría (y debería) evaluar la unificación de ambos regímenes bajo el modelo multipilar que propuso el Banco Mundial en 1994, que ha servido de base para la reforma del 2008 en Chile y también al Proyecto de Ley presentado en el 2007 por el Colegio de Abogados de Arequipa, a partir del informe de Javier Neves, César Gonzáles y Christian Sánchez, que hasta la fecha no ha sido materia de revisión por el Congreso de la República.

El modelo multipilar plantea la creación de un sistema único al que se afiliarán todos los trabajadores. La tasa de aporte o contribución conformará los dos primeros pilares: uno, para garantizar una pensión mínima para todos los asegurados; el otro, complementará el monto de dicha pensión. El tercero es el pilar de los aportes voluntarios, y el cuarto (pilar cero) será la pensión solidaria o asistencial, similar a “Pensión 65”, pagado por el Tesoro Público. Por ejemplo: si aplicamos una tasa de 15%, un 5% iría al pilar uno, para asegurar la pensión mínima, mientras el 10% restante al pilar dos, para complementar o incrementar dicho monto, de tal forma que quien aportó más (en tiempo o dinero) tendrá una pensión por una suma mayor.

Para que el sistema pensionario funcione es necesaria una base demográfica y económica sólida que lo respalde. Si bien en el Perú tenemos una tasa de natalidad media que puede asegurar el cambio generacional entre trabajadores activos y pasivos, ello no servirá si se mantiene un nivel de informalidad laboral superior al 30 o 40%. A ello, debe sumarse el alto índice de morosidad: empleadores que retienen a los trabajadores pero no pagan a la administración previsional -pública (ONP) y privada (AFP)- los aportes mensuales.

Ello nos demuestra que los principales problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno en materia previsional serán la lucha contra la informalidad laboral y la promoción de la educación previsional, de lo contrario, poco o nada se avanzará de forma efectiva en una búsqueda por incrementar la cantidad de personas protegidas por la seguridad social y el acceso a una pensión digna.

De nosotros depende tomar conciencia que el problema de las pensiones no es solo una preocupación de los adultos mayores, sino de toda la población en general. Desde la cuna hasta la tumba, como decía William Beveridge, pero sostenida en un sistema viable, con recursos financieros y proyección futura… y no sólo para los siguientes cinco años.

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(*) César Abanto Revilla es abogado y Maestro en Derecho por la Universidad San Martín de Porres (USMP), profesor de “Instituciones de la Seguridad Social” en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y docente de “Derecho Previsional” en la USMP. Asimismo, es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo.

(**) Javier Paitán Martínez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y  Adjunto de Docencia de “Instituciones de la Seguridad Social” en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente, labora en el Área Previsional del Estudio González – Consultores Laborales.