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Óscar Montezuma Panez
Lunes, 11 de abril de 2016 | Leída 1189 veces
REGULACIÓN Y GARANTÍAS

Libertad de expresión y ciberseguridad: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?

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El autor explica los alcances de la legislación peruana respecto de la libertad de expresión y la seguridad cibernética. Esto, a propósito de la realización de la Octava Escuela del Sur sobre Gobernanza de Internet de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se analizaron los avances de la región en ambas materias.

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Recientemente, se llevó a cabo la Octava Escuela del Sur sobre gobernanza de Internet en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., reuniendo a casi 200 representantes y expertos de gobiernos, sector privado y sociedad civil. La conferencia se centró en el análisis de dos temas: la libertad de expresión y la ciberseguridad, ambos de la mayor relevancia en un contexto de creciente desarrollo tecnológico donde la lucha contra el terrorismo se ha convertido en una prioridad global y resulta necesario encontrar los balances adecuados para combatirlo sin erosionar los derechos fundamentales.

 

En esa línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 2013 el informe “Libertad de Expresión e Internet” que reafirma la plena vigencia de la libertad de expresión en Internet y detalla con mucha precisión y acierto sus alcances.

 

El informe señala que la libertad de expresión en Internet  debe sustentarse en cuatro principios: i) acceso a la diversidad de contenidos, ii) pluralismo (la posibilidad que ofrece Internet para que más voces se expresen de manera abierta), iii) no discriminación (remoción de obstáculos que impidan el acceso a entornos digitales y la difusión libre de ideas) y iv) privacidad (espacio necesario para la generación y procesamiento de la información).  El informe de la Relatoría, a su vez, hace referencia a la importancia de la ciberseguridad, es decir, el debido resguardo que los Estados deben procurar de los sistemas y datos informáticos ya que la libertad de expresión se ve fortalecida cuando los Estados protegen la privacidad de las comunicaciones digitales.

 

En el Perú, contamos con una legislación bastante robusta sobre libertad de expresión y protección a la privacidad la cual es plenamente aplicable al Internet y a las tecnologías digitales.  La vigencia de este marco normativo se evidencia, por ejemplo, en recientes debates vinculados a la implementación de medidas para combatir la inseguridad ciudadana a través de la entrega a la policía de información sobre geolocalización de celulares. En ese debate quedó claro lo importante que es compatibilizar adecuadamente los principios en juego.

 

En lo que respecta a la ciberseguridad, un reciente informe de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado este año, analizó la situación de 32 países latinoamericanos. En el caso peruano, si bien se destaca la existencia de normas importantes, entre ellas, la Ley 30096 de delitos informáticos y la Ley 29733 de protección de datos personales, también se resalta que “la ausencia de una estrategia y una cadena de mando clara sigue impidiendo el fortalecimiento de la seguridad cibernética en el país”.

 

Como se puede apreciar, se reconoce que el Perú cuenta con diversas herramientas legales para preservar la libertad de expresión y fomentar la adopción de estándares adecuados de ciberseguridad. Por lo tanto, más que un problema de déficit de regulación nos encontramos ante un problema de poco conocimiento y débil aplicación de la regulación vigente.

 

En esa línea, el Estado peruano podría adoptar dos medidas: impulsar de manera activa, transversal y coordinada el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el país e, implementar un agresivo plan de capacitación a los operadores jurídicos a nivel judicial y legislativo sobre el marco normativo vigente con la finalidad de potenciar el ecosistema digital peruano como eje de desarrollo económico y social.

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