Tras la frustrada votación del proyecto de nuevo Código Penal durante la pasada sesión plenaria, el Congreso de la República retomará el debate este jueves incluyendo ciertos ajustes.

Sin embargo, para muchos especialistas, una simple modificación de último momento no supondría una mejora relevante a la propuesta que pretende reformar el marco legal para los delitos en el país. Precisamente, LaLey.pe conversó con los abogados penalistas Carlos Caro, Luis Lamas Puccio, César Nakazaki y Mario Amoretti sobre la controvertida iniciativa.

Carlos Caro Coria: «No hubo trabajo dogmático serio en la Comisión de Justicia»

Según el penalista Carlos Caro Coria, el proyecto no implica una gran novedad legislativa, pues lo que se está haciendo, sostiene, es “parchar” el Código Penal de 1991. “El proyecto de nuevo Código recoge proyectos de ley presentados desde 2011. Lamentablemente, no es un trabajo dogmático serio ni se aplica una verdadera política criminal. Es una simple reactualización del Código ya vigente”, afirma.

Por otra parte, el abogado indica que “no se ha democratizado el debate, dándolo a conocer públicamente a la ciudadanía. Un nuevo Código Penal debe ser producto de una reflexión técnica seria, junto a juristas y especialistas”.

Además, considera que el contenido del proyecto no toma en cuenta la aplicación de leyes aprobadas hace poco, como la que sanciona a las empresas por actos relacionados a la corrupción transnacional. “Si revisamos el texto de la norma y el texto del proyecto de nuevo Código, notaremos que se incluyen más delitos y que las reglas de aplicación varían; no son las mismas. Esto resulta extraño, pues se estaría cambiando una ley ya publicada que está en periodo de vacatio legis [la norma entrará en vigencia recién el próximo año]. Esta contradicción legislativa evidencia lo poco serio que es el trabajo realizado por esta Comisión [de Justicia]”.

Por último, el abogado explica que en el proyecto “el régimen de las consecuencias accesorias se mezcla con las sanciones previstas para la persona jurídica, como si se tratara de penas. Aprobar esto, tal y como está redactado, generaría un gravísimo problema desde el punto de vista dogmático para diferenciar ambos conceptos. La propuesta, definitivamente, requiere de una revisión mucho más seria”.

Luis Lamas Puccio: «El Congreso ha perdido autoridad para proponer un nuevo CP»

Para Luis Lamas Puccio, el texto preparado originalmente por la Comisión de Justicia presenta graves defectos en su proceso de formulación. “[El proyecto] no enmarca la política criminal del Estado, sino que solo presenta aspectos genéricos. No tiene un razonamiento primigenio sobre sus propias directrices como sí lo tuvo el Código Penal de 1991, hoy vigente que, por ejemplo, sustenta la exclusión de la reiterancia y la reincidencia y precisa por qué en ciertos casos es necesaria la orden de prisión efectiva”, señala.

Lamas afirma, además, que “el Congreso ha perdido autoridad institucional para proponer un nuevo Código Penal, pues el mismo Legislativo ha modificado y desnaturalizado en 600 ocasiones el Código actual. Recopilar normas internacionales y una serie de propuestas legislativas como se pretende hacer solo genera mayor caos y desorden”.

Asimismo, el especialista estima que no es un momento oportuno para que el Congreso reforme la ley penal: “Se entendería como apresurada una aprobación sobre un proyecto que ni siquiera se ha difundido. Un Código debe ser motivo de una discusión más acuciosa y metodológica, no solo por parte de los especialistas, sino también de la sociedad civil en su conjunto a través de sus órganos representativos, incluyendo los estamentos relacionados a la Justicia en el país”.

César Nakazaki: «¿Dónde quedó la verdadera política de seguridad ciudadana?»

El penalista César Nakazaki también sostiene que el nuevo Código Penal no debería aprobarse en esta legislatura: “Después de la Constitución, el debate jurídico más importante que debe realizar una sociedad es el del Código Penal, pues este fija qué hechos pueden considerarse delitos y cuáles son las consecuencias de su comisión. La sociedad no puede estar al margen de ese debate, como históricamente siempre lo está, limitándolo a la reflexión de académicos y políticos”.

Nakazaki identifica ciertos detalles que requieren de mayor trabajo. Por ejemplo, si es constitucional o no que se apliquen medidas de seguridad post-cumplimiento de la pena o si es correcto el marco legal planteado sobre la responsabilidad de las personas jurídicas o si se está respetando la proporcionalidad de las sanciones previstas para los diversos delitos.

El abogado también afirma que el proyecto, tal y como está presentado o aún con las modificaciones ya sugeridas tras el debate del pasado Pleno, carece de legitimidad, de oportunidad y de verdadera política de seguridad ciudadana. “De ninguna manera nos encontramos en un momento oportuno para aprobar ese proyecto. Debemos tomar en cuenta que la principal causa de la inseguridad es que las personas creen cada vez menos en la ley y su efectividad. Entonces, si un nuevo Código Penal va a ser un rotundo fracaso, como ya se está advirtiendo, el remedio se convertirá en algo más dañino que la propia enfermedad”, advierte.

Finalmente, sugiere que “debe existir esa política de seguridad ciudadana de la que careció el Código Penal de 1991. Ese Código [aún vigente] fue hecho pensando que vivíamos en Suiza, cuando el Perú experimentaba la peor ola de terrorismo de su historia. Es por eso que, consecuentemente, el Código Penal sufrió 10 veces más modificaciones legislativas que su versión de 1924. No podemos caer en el mismo problema”.

Mario Amoretti: «Diseñar un nuevo CP no es lo mismo que recopilar proyectos»

Por su parte, Mario Amoretti, penalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, coincide en que el proyecto tiene varios desaciertos en su formulación. “Es un texto sin justificación de motivos y con problemas de razonamiento en la proporcionalidad de penas. Además, es una iniciativa que no ha sido consultada con ningún Colegio de Abogados ni tampoco con representantes de las instituciones que administran justicia”, afirma.

De otro lado, el abogado considera que aun incluyendo las mejoras sugeridas, el proyecto no debería aprobarse tan pronto.  “El problema no está solo en las fallas de la redacción y la carencia de técnica jurídica. Lo que han hecho en el Congreso es recopilar proyectos que se han venido presentando desde hace varios años y jugar a diseñar un nuevo Código. Esa no es manera de plantear una ley tan importante”, dice Amoretti.

“Yo considero que, de aprobarse este proyecto, el Ejecutivo debería observarlo. De llegarse a promulgar, el Congreso en su próxima legislatura debería formar una Comisión en la que participen juristas y especialistas que contribuyan a una mejor redacción y diseño”, concluye el exdecano.