Dentro las reformas que está proponiendo el nuevo gobierno encontramos nueve lineamientos que buscan dar al sistema judicial un alcance articulado y nacional, abarcando a los operadores judiciales per se (jueces, vocales y servidores judiciales en general), al equipo legal que gestiona la defensa del Estado ante los tribunales (procuradores públicos) y también a otras entidades que, sin ser en estricto parte del sistema de justicia, constituyen fuerzas influyentes sobre aquel.

Lineamiento 1:

La celebración de un Acuerdo Nacional por la Justicia entre las entidades que conforman el sistema judicial, partidos políticos y sociedad civil. Al respecto, debemos recordar que –entre muchos intentos por alcanzar un acuerdo de esta índole- el más destacado por generar un paquete articulado de medidas, fue el Ceriajus (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia), que en abril de 2004 entregó el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, conteniendo recomendaciones que han sido aplicadas paulatinamente en los años posteriores. Hoy es oportuna la modernización de sus recomendaciones y la implementación de aquéllas que quedaron pendientes.

Lineamiento 2:

La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en cuanto al número de consejeros, requisitos, proceso de elección, entre otros. En este punto se seguirá la propuesta del Ceriajus, la que si bien no apunta a una reforma interna del CNM, sí propende a su fortalecimiento a través de una comisión permanente de evaluación de jueces, conformada por los abogados más notables del fuero académico y privado.

Lineamiento 3:

Fortalecer el rol rector de la Corte Suprema, en especial su labor orientadora de la jurisprudencia. En este punto es importante se implemente la propuesta del Ceriajus que apunta hacia la modernización del despacho de los vocales supremos, a fin de aminorar su sobrecarga procesal y lograr que los recursos de casación se diriman dentro del plazo legal.

Lineamiento 4:

Fortalecer la justicia penal. Dos medidas destacan dentro de este esquema. La primera, convertir a las comisarías en lugares donde también se produzca labor jurisdiccional, implementándose un juzgado de paz letrado penal en la comisaría más importante de cada distrito de Lima y Callao. Con la implementación de juzgados en las comisarías, el servicio de justicia tendrá un mayor alcance hacia ciudadanos que antes no lograban acceder a aquél o lo hacían con dificultad. La segunda medida es la implementación de juzgados de flagrancia en todos los distritos de Lima Metropolitana, lo cual también favorece el acceso universal a la justicia.

Lineamiento 5:

Fortalecer la justicia de paz no letrada. La medida propuesta consiste en que los juzgados de paz no letrado conozcan, en primera instancia, los casos de familia; debiendo tener dichos entes una coordinación directa con el Poder Judicial a través de la Onajup (Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Rondera Comunal). El modelo planteado, si bien apuntala el acceso universal a la justicia, deberá tener una reglamentación adecuada, con pautas o rangos objetivos dentro de los cuales el juez de paz no letrado pueda impartir justicia, debiendo considerarse que este tipo de juez no es abogado y, por ende, requiere constante capacitación y soporte legal.

Lineamiento 6:

Control interno del Poder Judicial. Se ha propuesto en este punto, otorgar facultades extraordinarias al presidente del Poder Judicial para reemplazar temporalmente jueces y auxiliares jurisdiccionales, así como modificar la conformación de juzgados y salas, siempre que medie un informe de la Oficina de Control Interno de la Magistratura (OCMA). Esta medida es oportuna y necesaria para dar una rápida respuesta a casos donde existan claros indicativos de corrupción.

Lineamiento 7:

Defensa Judicial del Estado. En este importante asunto se plantea una reforma de la Procuraduría General de la República y del equipo de procuradores, a fin que estos sean elegidos por concurso de méritos y solo sean removidos por causa justa.

Lineamiento 8:

Universidades y facultades de derecho. Se ha propuesto el crecimiento logístico de la Sunedu, a fin que pueda supervisar adecuadamente la calidad educativa en las facultades de derecho, ya que los profesionales egresados pasan luego a formar parte del Poder Judicial, Ministerio Público o eligen miembros del CNM y el JNE. Consideramos que esta supervisión debe producirse en la educación posgrado, donde existe absoluta disparidad en la calidad curricular y docente.

Lineamiento 9:

Control político del Congreso sobre altas autoridades judiciales. Al respecto, se propone en forma genérica que el Congreso pueda convocar a jueces y fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del CNM y JNE para dar cuenta de sus actos cuando estos presenten indicios de faltas graves. El control del Congreso se presenta como una medida que en este momento no es muy clara, pero que con certeza será polémica si no es reglamentada con absoluta claridad, porque aun cuando el Legislativo no pueda invadir las decisiones judiciales ni tampoco las administrativas del JNE, la facultad de control congresal puede devenir o en un acto de hostilidad o también en un adecuado control fiscalizador. Deberá especificarse también cuál será la consecuencia del control del Congreso, que puede ir desde la formación de una comisión investigadora, hasta la remoción de una autoridad.

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(*) Ericka Angulo Bazán es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también ha dictado talleres de Derecho Procesal. Además de dominar esa materia y el Derecho Civil, también es especialista en Derecho de la Empresa y Fusiones y Adquisiciones. Actualmente, es socia del estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados.