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¿Qué compromisos se han asumido en el Acuerdo Nacional por la Justicia?

¿Qué compromisos se han asumido en el Acuerdo Nacional por la Justicia?

Los máximos representantes del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público y Academia de la Magistratura se reunieron para sellar el Acuerdo Nacional por la Justicia, un documento con el que buscan fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar sus servicios a la ciudadanía.

Por Redacción Laley.pe

miércoles 2 de noviembre 2016

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El Acuerdo Nacional por la Justicia ya es una realidad. Tras varios días de anuncio por parte del Ministerio de Justicia, el pacto fue finalmente firmado por las instituciones convocadas a fin de impulsar el desarrollo de acciones conjuntas en favor de la ciudadanía.

Los firmantes fueron la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello; el presidente del Poder Judicial (PJ) Víctor Ticona, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila Grados; el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y el presidente de la Academia de la Magistratura Josué Pariona Pastrana.

Con el referido pacto, las instituciones fijan acciones centradas en el diseño de propuestas para reforzar la lucha anticorrupción, la apertura y libre disposición de sus bases de datos, el mantenimiento del diálogo entre sus representantes, la instalación de una mesa de trabajo conjunto llamada «Inter-Justicia: Diálogo Permamente por la Justicia» que sesionará cada último viernes del mes y la coordinación continua a través de funcionarios designados para esa tarea. De acuerdo a como lo indica el documento, las disposiciones serán ejecutadas y generarán resultados en los siguientes 100 días.

De otro lado, entre las medidas urgentes que establece el acuerdo están la identificación de los procesos cuya atención ha sido postergada; la reducción de la carga procesal a nivel nacional con el cumplimiento de acciones concretas; la capacitación de los operadores jurídicos en todo el país, la presentación de proyectos de ley para optimizar los procesos judiciales y la aplicación de una política de transparencia y buenas prácticas en el servicio, entre otras.

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