En recientes declaraciones a la prensa, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, reveló que el exviceministro de Economía durante el gobierno fujimorista, Alfredo Jalilie, se encuentra colaborando actualmente con el plan de reforma del Seguro Integral de Salud (SIS).

La noticia no habría dado mayor rebote si no fuese porque Jalilie Awapara figura hasta hoy en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) por una sentencia que el Poder Judicial le dictó en enero de 2006 por el delito de falsedad ideológica.

Precisamente, el artículo 5 de una norma vigente desde octubre de 2015 prohíbe expresamente que personas con deuda pendiente por concepto de reparación civil trabajen para el Estado. Se trata de la Ley Nº 30353, que creó y oficializó el uso de aquel registro y, además, modificó la Ley de Contrataciones del Estado para impedir que aquellas personas inscritas al Redereci ejerzan «función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público», sean estos procedentes de elección popular o no.

De esta manera, si se acreditase que entre el Estado y Jalilie existe un vínculo contractual, el Ejecutivo estaría incurriendo en un acto ilícito. Y es que la referida ley también estableció sanciones para los funcionarios públicos que contraten a estas personas. Así, se prevé que el funcionario que incumpla con esta prohibición y reciba en la Administración Pública a un deudor de reparación civil incurre en falta administrativa que se castiga con la destitución de su cargo público.

Cabe mencionar que, de momento, el vocero del partido oficialista y congresista de la República, Carlos Bruce, ha señalado que Jalilie tan solo ha sido «consultado a título profesional» y que «no está en la planilla del Estado».

Jalilie le debe al Estado más de dos millones de soles

El 16 de enero de 2006 el exfuncionario del gobierno de Alberto Fujimori fue hallado culpable de facilitar el pago por CTS al exasesor Vladimiro Montesinos, un hecho que consistió en el desvío de S/ 15 millones pertenecientes al Estado.

La Tercera Sala Anticorrupción –instancia que lo condenó a cuatro años de prisión efectiva– también fijó un monto de S/ 2,500,000.00 por concepto de reparación civil que el mismo Jalilie continúa adeudando, pues, de esta cantidad, el sentenciado solo ha cancelado S/ 178,546.59.

Y, si bien Jalilie fue puesto en libertad condicional en julio del mismo año por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, su deuda al Estado no fue eliminada. Esto puede corroborarse a través del portal que administra el Ministerio de Justicia.

Norma sí es aplicable a su caso

Pese a que algunos extremos de la Ley Nº 30353 aún no se aplican porque para ello se requiere un reglamento que continúa sin emitirse, el impedimento de acceso al Estado para los deudores de reparación civil como Jalilie (artículo 5) sí es aplicable desde el 30 de octubre de 2015, día posterior a la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano.

Así, el texto solo condiciona la aplicabilidad de los artículos 2 y 6 y las disposiciones primera, segunda y tercera a la existencia de un reglamento. Por cierto, el plazo para la emisión de este venció en febrero de este año y hasta hoy no se presenta.