Durante su discurso de Fiestas Patrias, el Presidente de la República presentó un Proyecto de Ley de reforma de los 155 y 156 de la Constitución referidos a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y a los requisitos para ser miembro de dicha institución, lo que ha generado controversia en diferentes círculos.

Nuestra Constitución Política reconoce como principio y derecho de la Función Jurisdiccional, la Independencia del Poder Judicial. En este mismo sentido el artículo 146 de nuestra Carta Magna indica que el Estado garantiza a los Magistrados Judiciales su independencia, esto es, se proscribe toda posible injerencia de cualquier índole en el ejercicio de sus funciones. Cabe señalar que el Código Iberoamericano de Ética Judicial en su artículo 1° indica que las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio, su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos recoge el principio de independencia judicial en el artículo 8.1.

Por otro lado, el Principio de separación de poderes es reconocido por nuestra Constitución Política en su artículo 43; en tal sentido, en nuestro país las funciones legislativa, judicial y ejecutiva deben estar separadas, como poderes independientes a fin de que se puedan establecer un sistema de controles y equilibrios.

Siendo ello así, el Proyecto de Ley presentado por el Presidente de la República constituye un atentado contra la independencia judicial y la separación de poderes, pues bajo el pretexto de que “… es una expresión del compromiso del Poder Ejecutivo con la promoción y defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, así como la lucha contra la impunidad”[1], se advierte una clara intromisión del poder político en el Poder Judicial, pues como ya lo ha señalado el Documento No. 44 de la OEA denominado “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”[2] en su Fundamento 102, “… la Comisión observa que se suele justificar el nombramiento a cargo de órganos políticos argumentando “cuestiones de interés o bienestar general”, o bien de legitimidad y respaldo entre los poderes ejecutivo y legislativo, sin embargo, como lo ha indicado el Relator Especial de la ONU “en la mayoría de los casos los nombramientos políticos no son una vía adecuada para lograr esos objetivos”. En este sentido, el Relator ha señalado que inclusive para situaciones de transición de un sistema autoritario a una democracia, sigue siendo crucial que la población adquiera confianza en un sistema judicial que administre justicia de manera independiente e imparcial exento de consideraciones políticas”.

Es notorio que hay muchos aspectos por reestructurar en el Consejo Nacional de la Magistratura, como los procesos de selección y nombramiento, y de ratificación de jueces y fiscales – hemos sido públicamente críticos al respecto – , así como que se establezca que los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público sean seleccionados por todos los Jueces y Fiscales del Perú, y que se modifique la Ley de Carrera Judicial, sin embargo ello no puede significar la politización de dichos procedimientos, tal como lo pretende el proyecto de ley bajo comentario.

La presencia de representantes de la sociedad civil es importante en el Consejo Nacional de la Magistratura pues legitima las decisiones de dicha institución, eliminar su participación para dar paso a representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sería peligroso si tenemos en cuenta que en los momentos actuales son muchos los políticos que están siendo investigados por sus presuntas vinculaciones con organizaciones criminales.

Confiamos  en que prime la cordura y el proyecto de ley presentado sea retirado por el ejecutivo o sea rechazado por el Congreso, por lo pronto los jueces de diversas cortes, e incluso una organización a nivel internacional, han emitido sendos pronunciamientos de rechazo a lo que hemos denominado el intervencionismo político en la administración de justicia.