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Lunes, 13 de noviembre de 2017 | Leída 438 veces
AL NO SER UNA ENTIDAD QUE FORME PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TC: Iglesia Católica no está obligada a proporcionar la información pública que posea

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A través de una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha precisado que la Iglesia Católica no está obligada a entregar la información pública que pueda tener en su poder, ya que no es una entidad de la Administración Pública. Por ello, no tiene la obligación de informar sobre los muebles e inmuebles que posea, aunque sean bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Más detalles en esta nota.

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La Iglesia Católica no puede ser demandada en un proceso de hábeas data ni se le puede obligar a entregar la información que detenta, aún si es de carácter público. Esto es así porque no es una entidad de la Administración Pública, al no estar comprendida en la lista de entidades prevista en el artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG).

 

Así lo precisó el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 03547-2014-PA/TC, a través de la que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el Arzobispado del Cusco contra la decisión firme de un proceso de hábeas data, mediante la cual se le ordenó que entregue a una organización civil documentos fedateados del inventario, catalogación y registro de bienes muebles e inmuebles de la Iglesia Católica en el Cusco.


Mediante la referida sentencia también precisó que es posible que una resolución esté debidamente motivada pero que no se encuentre fundada en Derecho, y que ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando una resolución expresa mínimamente los motivos o las razones que sustentan la decisión, pero se sustenta en normas derogadas, incompatibles con la Constitución o prescinde de otras normas aplicables vigentes y válidas.


En el caso que originó el pronunciamiento bajo comentario, la primera instancia declaró infundada la demanda por considerar que la sentencia de hábeas data sí estaba debidamente motivada. Por su parte, la segunda instancia declaró improcedente la demanda, pues consideró que la sentencia del primer proceso constitucional no contenía una vulneración evidente al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva.


Sin embargo, para el Tribunal Constitucional la demanda debía ser declarada fundada, a pesar de estar dirigida a cuestionar la decisión firme recaída en otro proceso constitucional, porque la Iglesia Católica no es una entidad de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG).


Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo, el Colegiado recordó que el amparo contra hábeas data procede cuando es evidente la transgresión del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por acciones u omisiones de los órganos judiciales. Después, explicó que la decisión del primer proceso constitucional había sido emitida sobre la base del artículo II del Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, donde se indica que la Iglesia Católica goza de “personería jurídica de Derecho Público” y que la información requerida está vinculada con bienes que son Patrimonio Cultural de la Nación.


Para el Colegiado, este razonamiento no estaba debidamente motivado porque no explicó en cuál de los supuestos de “entidad de la Administración Pública” previstos por la LPAG se encuentra el Arzobispado del Cusco para ser susceptible de que se le solicite información pública y que pueda ser demandando vía habeas data. Por ello, consideró vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva (derecho a obtener una resolución fundada en Derecho). Para el Colegiado, la disposición citada del acuerdo no convierte a la Iglesia Católica un ente estatal o de la Administración Pública.

 

Respecto a que la información requerida es de carácter público, el Tribunal Constitucional explicó que ello era irrelevante, pues ello no convierte automáticamente a una persona en obligada a proporcionar información pública, ya que la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación establece que los particulares pueden ser propietarios de bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y ello no los convierte en una “entidad pública” a la que se puede pedir información.


Decisión no fue unánime


La magistrada Ledesma Narváez emitió un voto singular explicando que la demanda debía ser declarada infundada porque todos los peruanos tienen el derecho de acceder a la información sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, así se trate de los bienes de la Iglesia Católica y porque no se había respetado el carácter excepcional del amparo contra hábeas data, pues la parte demandante repitió los argumentos del primer proceso constitucional, más aún cuando, según el acuerdo, la Iglesia Católica tiene personería jurídica de Derecho Público.
 

Ud. puede leer esta sentencia aquí y/o descargarla en nuestro archivo Scribd:

 

03547-2014-PA/TC by La Ley on Scribd

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1 Comentario
Elizabeth
Fecha: Jueves, 23 de noviembre de 2017 a las 10:25
Porque ellos no están obligados a mostrar lo que posee y sus ctas. ctes. y Porque el pueblo sí y el resto no?. que intereses se guardan bajo la iglesia católica.

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