Los jueces Miluska Cano (presidenta), Omar Pimentel y Otto Verapinto, quienes integran el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, definirán a fines de mes si aplican o no el derecho de gracia concedido al ex presidente Alberto Fujimori, con relación al Caso Pativilca.

De esta decisión dependerá que el ex mandatario sea exonerado o no del juicio del Caso Pativilca. Así, en caso opten por no aplicar el derecho de gracia, dispondrían su procesamiento por por el caso de la matanza de seis hombres en la provincia limeña de Pativilca, el 29 de enero de 1992.

Según consta en un expediente judicial, en aquella fecha efectivos del grupo Colina acudieron a Pativilca y secuestraron a seis ciudadanos, tras ser acusados de senderistas por un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José.

Luego de reducirlos, fueron torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.

Vale indicar también que, a parte de la condena de 25 años de cárcel pedida por la fiscalía para Alberto Fujimori, también se solicitó que el ex presidente enfrente el juicio en prisión preventiva.

Según informa El Comercio, la audiencia de control de acusación se realizaría para fines de enero. En dicha audiencia, se realizará el pronunciamiento sobre el derecho de gracia otorgado.

Como se recuerda, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, además del indulto, le otorgo a Fujimori el derecho de gracia por razones humanitarias. Esta medida determina que también se terminen los procesos judiciales que el beneficiado tiene pendientes.

Según la Constitución, el derecho de gracia solo procede cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliación (24 meses en los procesos complejos). Bajo esta condición, algunos especialistas han indicado que en el caso Pativilca no se cumple con este requisito, si se toma en cuenta que el plazo de instrucción comenzó en junio del 2017 cuando la II Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la medida.

Pero otros sostienen que el plazo se debe contar desde que se ventiló el proceso en el 2012. Para ellos, la gracia presidencial sí procedería. Esta controversia es precisamente la que deberá ser analizada por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.