El Plan Nacional de Derechos Humanos  2018-2021 constituye una herramienta estratégica, multisectorial e integral, destinada a asegurar la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos en el país. Por su carácter transversal, compromete a todos los sectores y niveles de gobierno, y permite proyectar el enfoque de derechos humanos en la intervención de las entidades estatales.

Este ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2018-JUS publicado el 01 de febrero de 2018 en el diario oficial El Peruano.

Dicho plan consta de 05 lineamientos estratégicos: 1) promoción de una Cultura de Derechos Humanos y la Paz en el Perú; 2) diseño y fortalecimiento de la Política Pública de Promoción y Protección de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; 3) diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección; 4) fortalecimiento del Ordenamiento Jurídico Interno, a través de la implementación de Instrumentos Internacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; y 5) implementación de Estándares Internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos.

Asimismo, ha sido elaborado teniendo en consideración las obligaciones establecidas en el marco constitucional y legal; las obligaciones formalmente contraídas por el Estado  peruano en el marco del sistema internacional de protección y promoción de los  derechos humanos; las metas y lineamientos de los programas sociales; las  políticas de Estado contempladas en el Acuerdo Nacional; así como las propuestas y recomendaciones recabadas en un amplio proceso de consulta con  la participación de representantes de organizaciones y entidades públicas y  privadas a nivel nacional.

El proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos se ha llevado a cabo a través de las siguientes etapas: i) etapa inicial: elaboración del diagnóstico estratégico y coordinación interinstitucional; ii) segunda etapa: elaboración de la Estrategia y del Sistema de monitoreo y evaluación del PNDH; y, iii) tercera etapa: celebración del diálogo ampliado entre sectores del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

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