El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para reemplazar el Decreto de Urgencia Nº 003-2017, cuya vigencia finaliza este 13 de febrero, en el cual se propone que aquellas empresas que operaron en consorcio con compañías vinculadas a actos de corrupción asuman parte de la reparación civil a favor del Estado.

En una conferencia de prensa realizada en el Parlamento, la ministra de Economía, Claudia Cooper, señaló que la iniciativa busca que las empresas involucradas en el caso Lava Jato sigan funcionando en el país con el objetivo de reactivar la economía.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Decreto de Urgencia Nº 003-2017 evitó que aquellas empresas que habían cometido delitos se vayan sin pagar una reparación civil. Además, permitió retener dinero destinado a los proyectos que están en operación por un monto equivalente a 25 millones de soles. Sin embargo, el mismo decreto ha detenido la ejecución de los proyectos.

El Gobierno propone que las empresas socias o bajo investigación implementen programas de compliance para prevenir la futura comisión de delitos.

Por su parte, el titular de Justicia, Enrique Mendoza, indicó que esta propuesta busca incentivar los procesos de colaboración eficaz para las personas jurídicas. Esto, basándose en que las compañías que deseen acogerse a este régimen tendrán que entregar información a la fiscalía, logrando su exclusión total o parcialmente de la aplicación de la norma.