El Poder Ejecutivo decidió observar la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, la cual ya había sido aprobada anteriormente por el pleno del Congreso.

Mediante el oficio N°034-2018-PR, el Gobierno objeta dos modificaciones que el Congreso realizó al proyecto de ley que envió la contraloría: el primero está referido a la modificación que «excluye la designación de los jefes y personal de control del Congreso de la República, la cual no fue solicitada en el proyecto presentado por la contraloría (…) No se evidencia estudio legal o técnico previo de ninguna entidad ajena al propio Congreso, por lo que se debería eliminar dicha excepción».

Asimismo, el documento resalta que tal modificación «elimina el concurso público para la designación de los jefes de los órganos de control institucional, respecto de lo cual no se sustenta la necesidad de realizar dicho cambio».

La otra modificación cuestionada por el Ejecutivo es la relacionada a la creación de dos vicecontralorías: «Se desprende que la implementación de tales vicecontralorías generará gasto público, lo que contraviene el artículo 79 de la Constitución Política que establece que ‘los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gatos públicos».

Tras el anuncio de estos cuestionamientos, el contralor general, Nelson Shack Yalta, se mostró preocupado por la observación planteada por el Ejecutivo: «No promulgar esta importante ley, aprobada con el absoluto consenso del Parlamento, implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y posterga innecesaria e ilógicamente el inicio del proceso de reestructuración organizacional de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control».

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que esta decisión del Ejecutivo demora de manera innecesaria el inicio de la lucha contra la corrupción: «No promulgar esta ley, que por cierto ha sido observada por aspectos insustanciales, significará que este y otros aspectos claves que son necesarios implementar, lamentablemente tengan que seguir siendo regulados y tratados por normas obsoletas, cuya aplicación ya ha sido ampliamente superada por los actos de inconducta funcional y corrupción que el país entero conoce y rechaza».