Según Nakazaki, la utilización de vehículos y equipos para brindar seguridad de manera indebida constituye un delito de peculado doloso de uso. Si además se hubieran utilizado identidades que no correspondían, es decir, que se hayan hecho pasar por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) o por el Director General de la Policía, estamos hablando de falsedad genérica, agregó.

Asimismo remarcó que si se llegara a descubrir que esta protección policial estaba destinada para ocultar una red de interceptación telefónica, se trataría de una “violación de las comunicaciones cometida vía organización criminal y de manera sistemática y continuada”. 

Entonces, ¿qué delitos habría cometido el almirante José Cueto al solicitar protección policial para un domicilio que no era suyo? Nakazaki indicó que se trataría de una instigación en cadena. Por otro lado, si se comprueba que no fue el jefe del CCFFAA sino el exdirector general de la Policía, Raúl Salazar, el delito sería Instigación de peculado de uso “porque él propiamente no tiene la función de administración de fondos públicos o de patrimonio del Estado”.  

“Y si esto ha sido motivado por prebendas económicas, se agregaría el delito de cohecho. Cualquier tipo de prestación que tenga un motivo económico, nos puede llevar no solo a un peculado sistemático sino a un cohecho sistemático”, precisó.