El debate es, sin duda, antiguo, complejo y polémico. Por tanto, actual y legítimo. La falta de notoriedad mediática y popularidad social de estas elecciones en Lima no hace sino fomentar la discusión. También medidas como la reducción del plazo de la “ley seca” (de 84 horas a solo 24).

Por si fuera poco, la última encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos arroja una cifra contundente con respecto a las preferencias populares. Ante la pregunta “Que el voto sea voluntario en lugar de obligatorio” un 71% de los encuestados se muestra de acuerdo y un 24% en desacuerdo. La percepción de que los limeños no quieren ir a votar este domingo es evidente, así como que el grado de información acerca de los candidatos en estas elecciones es muy bajo.

Pero más allá de encuestas y percepciones, el debate legal sigue vigente. Por un lado, aquellos que consideran que la obligatoriedad es necesaria como mecanismo para fortalecer la pobremente institucionalizada democracia peruana; por el otro, aquellos que argumentan que el ejercicio de votar, para ser realmente legítimo, debe partir de una motivación real y ser voluntario.

Entre los primeros, cabe destacar a expertos como Luis Pásara, Carlo Magno Salcedo o Fernando Tuesta; de los segundos, sobresalen las opiniones de César Landa, Samuel Abad y Raúl Ferrero.

El principal temor de los que apoyan la obligatoriedad puede resumirse de la siguiente forma: el nivel de abstención sería altísimo, el voto pasaría a ser una mercancía, los políticos elegidos contarían con una baja legitimidad, y la institucionalidad se debilitaría aún más.

Sobre este aspecto, resulta pertinente mencionar el caso chileno. Desde que se aprobara la voluntariedad del voto, se han producido dos elecciones en el país vecino. El año pasado, en las elecciones municipales, la abstención prácticamente alcanzó el 60% del total, superando los pronósticos de los expertos. En las elecciones presidenciales del pasado domingo, esa misma cifra se situó en el 52%. Es decir, de un censo de 13,5 millones de votantes sólo 6,4 millones de personas acudieron a las urnas.

Sin entrar a analizar esas cifras, los detractores del voto voluntario contraponen a la legitimidad cuantitativa (esto es, cuánta gente vota a determinado político), la legitimidad cualitativa (aquellos ciudadanos que votan lo hacen de manera libre, informada y consciente). Añaden a sus argumentos, además, el hecho de que no se puede sancionar administrativa el acto de dejar de ejercer un derecho.

VOTO FACULTATIVO | Infographics

Tradicionalmente se ha sostenido que votar no es un derecho cualquiera, sino un derecho-deber. Así, se justificaba la sanción que el hecho de no ejercer ese derecho. Los detractores del voto obligatorio defienden, sin embargo, que no ir a votar no afecta a nadie. Exigen, en consecuencia, que se eliminen las sanciones.