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César Nakazaki
Lunes, 25 de noviembre de 2013 | Leída 1338 veces

La mal llamada "Ley Antauro"

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En la vorágine de temas jurídico-judicial-político-mediáticos que diariamente conocemos, se ha venido hablando de la mal llamada “Ley Antauro”; se cuestiona que en la Ley N° 30101 se haya establecido que la ley aplicable a los beneficios penitenciarios es la vigente al momento de la realización del delito.

En la vorágine de temas jurídico-judicial-político-mediáticos que diariamente conocemos, se ha venido hablando de la mal llamada “Ley Antauro”; se cuestiona que en la Ley N° 30101 se haya establecido que la ley aplicable a los beneficios penitenciarios es la vigente al momento de la realización del delito.

 

El cuestionamiento jurídico es el apartarse de la “jurisprudencia” de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Se trata de una objeción que se aparta de la historia jurídica del país y del Derecho.

 

En la historia jurídica del Perú ¡siempre! la ley aplicable a los beneficios penitenciarios fue la vigente al momento de la comisión del delito, hasta que el Tribunal Constitucional, en su episodio más político, bajo la Presidencia, e indiscutible influencia, de don Javier Alva Orlandini, cambió el principio a través de la STC del 10 de diciembre de 2003 y la STC del 30 días del mes de enero de 2004. (Caso Carlos Saldaña Saldaña y Caso Dionicio LLajaruna Sare)

 

En ambas sentencias, sin fundamentación jurídica, el Pleno del TC desconoció la naturaleza de las leyes penitenciarias o de ejecución penal, y les asignó la condición de leyes procesales, para sacarlas del ámbito de la ley vigente al momento de la realización del delito, que corresponde al derecho penal y para aplicar, incluso erradamente, el principio de la aplicación inmediata de la ley, que en efecto rige en el derecho procesal penal pero con criterios...

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