Los propietarias de cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles, deberán informar y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú y/o al Ministerio Público cuando exista presunción de comisión de un delito o una falta que hayan sido registradas por sus cámaras. Esta obligación corresponde a los propietarios personas naturales o jurídicas, públicas y privadas. 

Se precisa que la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, al momento de recibir las grabaciones, deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entrega de las imágenes y audios.

Por otra parte, se dispone que el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, cuente con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con este tipo de videovigilancia.

Así lo ha dispuesto la Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas, Ley Nº 30120 publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de noviembre de 2013. La norma tiene como objetivo incluir  a las imágenes y audios registrados a través de dichas cámaras como instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.