Pese a que la Ley de Contrataciones lo prohíbe, Carmen Ortega Paredes, esposa del juez supremo Vicente Walde Jáuregui, fue contratada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde 2013 hasta el pasado mes de julio de este año.

Según informó Wayka, la abogada inició labores en el 2013, cuando Francisco Távara Córdova era el titular del JNE, y su labor continuó hasta el periodo de Víctor Ticona Postigo. Ambos, junto con Walde Jáuregui, son miembros de la Corte Suprema de Justicia. Durante ese lapso, Ortega Paredes cobró 529 mil 416 soles al JNE por los servicios profesionales brindados.

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Según detalló el referido medio, en un principio el JNE negó irregularidades en la contratación de la esposa del supremo Vicente Walde Jáuregui. “Sería ilógico que se le prohibiera trabajar en el Estado por esa razón y se afectaría su derecho al libre ejercicio de la profesión” declaró el director de Comunicaciones del JNE, Luis Gallardo.

Sin embargo, posteriormente Gallardó admitió que Ortega estaba impedida de contratar con entidades públicas, pero que la Ley de Presupuesto de 2017 y 2018 habilitaron al JNE de poder exonerarse de la Ley de Contrataciones.

El caso ya fue expuesto de manera documentada a la Contraloría General de la República y fuentes de la entidad señalaron que existen suficientes elementos para iniciar una auditoría en el JNE para determinar responsabilidades.

ACTUALIZACIÓN: 9 de Agosto

Ustedes aseguran que la abogada Carmen Ortega Paredes fue contratada “Pese a que la Ley de Contrataciones lo prohíbe”. Al respecto y tal como oportunamente se explicó a la periodista Carla Díaz de Wayka, le informo que durante los procesos electorales, el JNE cuenta con un régimen especial de contratación de locadores de servicios, el cual se encuentra regido exclusivamente por el Código Civil. Se le dijo que la referida contratación está bajo el marco de la autorización prevista en la septuagésima primera disposición complementaria final de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, en concordancia con la septuagésima sétima disposición complementaria final de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 (ver anexo). Por lo tanto, se le indicó que el JNE, como organismo del sistema electoral, está exonerado de la aplicación de la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, en la celebración de contratos de locación de servicios. Lo que quiere decir que no existe el impedimento para la contratación de locadores de servicios como ustedes informan.

El titular del artículo de La Ley señala que la “Contraloría iniciaría auditoría al JNE por contratos con esposa del juez supremo Walde Jáuregui”, sin embargo en el desarrollo del texto, solo indican que “fuentes de la entidad señalaron que existen suficientes elementos para iniciar una auditoría en el JNE para determinar responsabilidades”. Lo referido demuestra que el titular es incoherente con el texto presentado.

Por lo expuesto, señor director en aras de la práctica de un periodismo serio, como el que caracteriza a La Ley, solicito a usted la publicación inmediata de la presente misiva.