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César Nakazaki
Martes, 17 de diciembre de 2013 | Leída 2230 veces

La política y las investigaciones del fiscal de la Nación

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En estos días se viene cuestionando el archivo de la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación realizó al Presidente Alán García por supuesto delito de enriquecimiento ilícito; crítica que se suma a la efectuada por la defensa del Presidente Toledo que interpuso un habeas corpus para lograr el archivo de su investigación por este delito de función.

El Fiscal de la Nación investiga los casos de enriquecimiento ilícito en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución. La atribución de investigación es porque el Constituyente de 1993 consideró que el delito de enriquecimiento ilícito debe ser “combatido” con el mayor rigor; por el Fiscal con mayores potestades del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación; quien tiene la función constitucional de investigar y “formular los cargos” ante el Poder Judicial. 

 
La función comprende a todo funcionario o servidor público que pudiera haber cometido enriquecimiento ilícito; no se limita a los Altos Funcionarios Públicos; la consideración de los servidores públicos da cuenta de la amplitud de esta potestad del Fiscal de la Nación, distinta a los casos de los privilegios constitucionales de inmunidad y antejuicio, pues solamente los tienen los funcionarios públicos señalados en el artículo 99 de la Constitución; ninguno es servidor público. 
 
Así el plazo de 5 años posteriores al cargo de vigencia de las prerrogativas constitucionales de inmunidad y antejuicio no son aplicables al procedimiento preliminar que lleva a cabo el Fiscal de la Nación, pues no lo habilita algún privilegio constitucional del investigado, sino la propia Ley Fundamental, insisto, en cualquier caso de enriquecimiento ilícito, por ejemplo de alcaldes, regidores, directores regionales, etc. 
 
La potestad de investigar del Fiscal de...
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