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César Nakazaki
Martes, 7 de enero de 2014 | Leída 1257 veces

El doble estándar jurídico del Congreso

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La función de control político del Congreso se convirtió en un instrumento de persecución política cuando la Constitución de 1993 en el artículo 100 estableció el efecto vinculante de la resolución acusatoria de contenido penal por la que se levanta la inmunidad y se dispone el procesamiento penal de alguno de los altos funcionarios públicos señalados en el artículo 99.

Desde la primera defensa constitucional que realicé en el caso del ex congresista Alberto Kouri sostuve la inconstitucionalidad del artículo 100, específicamente del efecto vinculante, pues colisiona con el principio constitucional de autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y el principio constitucional de independencia del Poder Judicial; la tesis de inconstitucionalidad se encuentra publicada en un artículo de Gaceta Jurídica (Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 57, año 2003) y posteriormente fue recogida por el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0006-2003-AI/TC) en una “tímida” sentencia exhortativa en la que a pesar de reconocerse la inconstitucionalidad, se mantiene hasta el día de hoy vigente sin que el Congreso efectúe la corrección, porque aún sufre el trauma que significó el auto de no procesamiento penal a favor del presidente Alan García dictado al amparo de la Constitución de 1979, que no establecía el efecto vinculante. 

 
Dentro de las razones del cuestionamiento, una fundamental fue que el antejuicio dejó de ser un juicio político cuya única finalidad era verificar la ausencia de motivación política tras una denuncia penal, para convertirse en un proceso político y jurídico, pues el efecto vinculante impide que el Ministerio Público verifique las condiciones de la acción penal y el Poder Judicial los requisitos de procedencia de la denuncia, por ejemplo, hecho aparentemente delictivo y causa probable. 
 
El efecto vinculante lleva a que sean los Congresistas, en su mayoría no abogados, y los pocos integrantes, salvo alguna excepción, sin luces en materia penal y procesal penal, los que determinen si hay un hecho aparentemente delictivo y causa probable. Ingenieros, médicos, empresarios, sindicalistas, realizan operaciones de tipificación y determinación de la concurrencia de indicios razonables o suficientes; lo que no se suple con asesores legales en su mayoría no muy versados en estas materias, y cuyo nombre y apellido debería figurar y ser público para que asuman la responsabilidad de lo que opinan o permiten. 
 
Tal realidad ha llevado a que el Congreso durante los antejuicios, dependiendo del régimen político de turno, utilice conceptos jurídicos sin conocer su contenido o lo que es peor dejándolo de lado. 
 
Así, mientras que en el parlamento del régimen toledista prácticamente todos los antejuicios terminaron con levantamiento de inmunidad y autorización de proceso penal, sin exigir jamás que el delito se pruebe en el Congreso, lo que se reiteró en el parlamento del régimen aprista; en el parlamento del régimen humalista en el caso del ex vicepresidente y congresista Omar Chehade se argumentó que no procedía el levantamiento de la inmunidad, sin necesidad de antejuicio y con una falacia: “si no hay pruebas no hay antejuicio, no hay levantamiento de inmunidad, y no hay procesamiento penal”; cuando lo jurídico era que solamente bastaban indicios razonables; la reunión en “Las brujas de Cachiche”, los integrantes, la presencia de su hermano, la asistencia de éste a “El Potao” con la resolución judicial, el interés en el desalojo en el complejo agroindustrial “Andahuasi”; que lamentablemente, porque una condena siempre es sentida, llevaron a que su hermano hoy se encuentre condenado sufriendo pena efectiva. 
 
El mismo error se advierte en la Comisión de Fiscalización con...
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