Fredy Otárola, actual presidente del Congreso, inició su mandato en julio de 2013. Lo hizo con un discurso en el que elogiaba a su predecesor, el también nacionalista Víctor Isla, al tiempo que exponía los retos por asumir. Reconoció, a su vez, la falta de apoyo y credibilidad que atravesaba la institución. 

“La gestión que hoy iniciamos se inscribe en un marco particularmente distinto a las anteriores debido a que la majestad y credibilidad del primer poder del Estado se han visto melladas por los acontecimientos antes referidos””, dijo. Se refería, claro, a la conocida como ‘repartija’, proceso frustrado de elección para los nuevos miembros del TC, BCR y Defensoría del Pueblo. 

Aseguró, en ese sentido, que en su legislatura las elecciones se realizarían descartando “cuotas partidarias”, y se privilegiaría “el valor de la persona, sus credenciales democráticas, formación académica y su ejercicio profesional sobresaliente”.  

Culminada la mitad de su mandato, ampliación incluida, solo los miembros del BCR han resultado elegidos. El TC y la Defensoría siguen esperando su turno. También otros proyectos importantes, como los ya mencionados en relación a la reforma universitaria o la unión civil, pero también muchos otros. 

En el camino
Durante el periodo Otárola —desde agosto de 2013 hasta enero de 2014— el Congreso ha producido una cantidad de 618 proyectos de ley. En todo 2013, esta cifra aumenta hasta los 1286 proyectos. Solo en octubre se presentaron 158. También en setiembre, noviembre o diciembre se superó la centena (123, 141 y 109, respectivamente). 

Entre esos 1286 proyectos, existen una serie de propuestas que, por su especial incidencia o particular temática, merecen ser resaltados. Como por ejemplo, el Proyecto de Ley N° 1858/2012 – CR. Esa denominación técnica se traduce en la “Ley regula el cianuro y otras sustancias tóxicas”. En un momento en el que diferentes regiones del país se encuentran acorraladas por los efectos de la minería ilegal, este proyecto presentado por la bancada de Gana Perú sigue esperando su evaluación en la Comisión de Energía y Minas.

Otro proyecto importante es el Proyecto de Ley N°1873/2012 – CR, que modifica artículos del 384 al 400 del Código Procesal Civil. Actualmente estancado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fue presentado en enero por la bancada de Perú Posible. Su propósito: reducir la carga procesal del Poder Judicial.

También el Proyecto de Ley Nº 1927/2012 – CR, Ley de Protección del Usuario de Administración Pública. Del mismo modo que existe un Código del Consumidor, el proyecto pretende regular las relaciones que se establecen entre la Administración Pública y los ciudadanos-usuarios. Visto lo tortuosa que puede ser en muchos casos esa relación, no estaría de más que el proyecto —presentado por el congresista Jaime Delgado— cobre mayor protagonismo.

Destaca, asimismo, el Proyecto de Ley N° 2117/2012 – CR, Ley que crea el procedimiento administrativo notarial-policial de desalojo de ocupante precario y restitución de bien. La iniciativa, presentada por la bancada de Fuerza Popular, cuenta con dictamen favorable sustitutorio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a la que se le ha sumado el proyecto de Ley N° 2585 y N°1106.

Cabe mencionar también el proyecto de Ley N° 2149/2012 – CR, ley que implementa las oficinas municipales del consumidor, cuyo objetivo es el descentralizar las acciones de promoción, información y protección del consumidor a través de la implementación de las Oficinas Municipales del Consumidor; y el Proyecto de Ley N° 2152/2012 – PJ, Ley de mejora del sistema de remates judiciales, que propone crear el Sistema Nacional de Remates Electrónicos Judiciales, Remaju. El propósito, argumenta el Poder Judicial, es desarrollar los remates judiciales ordenados por los órganos jurisdiccionales a través de internet.

Como proyectos mucho más mediáticos y conocidos, se encuentran la Ley de Reforma Universitaria, que ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Educación y está a la espera de ser debatida en el Congreso. También la Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo que, según el presidente de la Comisión de Justicia, el pepecista Juan Carlos Eguren, se debatirá en la próxima legislatura, a iniciarse en marzo.

Por último, es necesario mencionar otros proyectos, también mediáticos, como la ley transfugas, o la reforma constitucional del artículo 31, cuyo propósito es instaurar el voto voluntario.

Normas en papel
No todos los proyectos, sin embargo, se han quedado en el camino. Otros, los menos, han conseguido superar ese estado y han sido promulgados como leyes. De los 1286 proyectos, de los que se acaba de ofrecer un resumen, el Congreso aprobó 118 leyes. Durante la presidencia de Otárola, de los 618 proyectos presentados, 43 leyes acabaron en 43 leyes.

Visto en detalle, ese mandato tuvo en el mes de diciembre su periodo más prolífico, justo cuando más próxima estaba su finalización. Se presentaron 109 proyectos y se aprobaron un total de 18 leyes. Contrasta con las cifras del mes precedente, donde solo se aprobó una sola ley, de 141 proyectos presentados.

Sobre las 43 leyes aprobadas, laley.pe considera que estas sietes son las más relevantes:

—A mediados de enero, se publicó la Ley N°29985, que tiene como objetivo regular las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. 

—La Ley N°30012, publicada en abril, concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufren algún accidente grave.

—En junio, la Ley N°30036, más conocida como la ley del Teletrabajo, que tiene como objetivo establecer una modalidad especial de prestación de servicios, la que se caracteriza por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones en instituciones públicas y privadas. 

—En julio, en medio de protestas por parte de un sector de trabajadores estatales, se aprobó la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. Según argumenta el objetivo de ley, esta busca ordenar el empleo en el sector público a través de la meritocracia y dotarlos de más beneficios. En el Congreso, el debate fue polémico, y la votación muy dividida. Con 59 votos a favor, 45 en contra, tres abstenciones y exonerada de segunda votación, fue enviada al Ejecutivo, y este hizo lo propio, ratificándola.

—La Ley N°30077, Ley Contra el Crimen Organizado, fue publicada en agosto, con el fin de fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento, y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

—En octubre, la Ley Nº30096, Ley de Delitos Informáticos, que busca prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación. Su aprobación también estuvo rodeada de polémica.

—Finalmente, en noviembre, la Ley N°30111. Esta norma modifica el Código Penal, e incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Costo legislativo

En recientes declaraciones a la prensa, el propio Fredy Otárola, señaló que el Congreso cuenta con mil trabajadores en planta. A esto debe sumarse, añadió, los cinco empleados que todo congresista en su despacho. El resultado es, por tanto, de 1,650 trabajadores en total.   

Cruzados con los datos del análisis precedente, resulta evidente concluir lo siguiente: cada ley aprobada durante la última legislatura ha costado 47,888 horas laborales, entre trabajadores administrativos y técnicos, sin contar las horas de los congresistas.  

Se trata de un alto costo, pero sin duda el costo mayor solo se puede ponderar en la ejecución y eficiencia de la ley, tarea que el Congreso no hace. El tiempo invertido escapa a cualquier cálculo razonable. La productividad del Congreso, en definitiva, también.