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Martes, 4 de febrero de 2014 | Leída 171 veces

Puertas cerradas al control constitucional

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En medio del eterno debate político sobre la designación de los nuevos miembros del TC, cabe destacar la peligrosa parálisis que atraviesa ese organismo con respecto a las acciones de inconstitucionalidad. Según el artículo 10 de su Reglamento Normativo, para que una ley sea declarada como inconstitucional por el Tribunal es necesario que cinco de sus siete miembros se pronuncien en el mismo sentido. Lo que ocurre es que desde la salida de Ricardo Beumont se necesitan cinco de seis. Esa mayoría, visto el juego de intereses que caracteriza a las votaciones, es virtualmente imposible. Por si fuera poco, uno de sus miembros cumplirá en breve diez años ejerciendo el cargo. La norma, por si acaso, dice que el plazo será de 5 años no reelegibles (artículo 201 de la Constitución). Resulta que, por omisión del Congreso, este miembro se ha reelegido de facto. Todo mal.

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