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César Nakazaki
Jueves, 6 de febrero de 2014 | Leída 2436 veces

Reflexiones sobre el "caso de la familia Sánchez Paredes"

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A raíz de la decisión de la Segunda Fiscalía Suprema Penal de devolución de la causa para que la sala fundamente el auto de forzamiento de la acusación o de promoción de control jerárquico.

El proceso penal por lavado de activos dentro del cual se da el dictamen de la Segunda Fiscalía Suprema, es el más importante que realiza el Sistema Judicial Peruano respecto de este tipo de delito; de allí que es fundamental establecer a partir de esta experiencia diversos criterios jurídicos que se deban aplicar al resto de casos penales que se vienen incrementando en número por lavado de activos y eventualmente pérdida de domino. Varios son los temas a examinar, pero por razones de tiempo comenzaré hoy sólo con algunos. 

 
La Fiscalía Suprema ha encontrado graves problemas de motivación en la resolución judicial de forzamiento de la acusación o de promoción del control jerárquico: a) no se ha precisado los cuestionamientos al dictamen no acusatorio hecho por la Fiscal Superior respecto de cada procesado, imputados y personas jurídicas incorporadas como parte activa del delito de blanqueo de capitales; b) no se han señalado los elementos de prueba que deberían ser reexaminados con la finalidad de establecer que constituyen prueba suficiente para sostener una acusación en juicio oral. 
 
La Fiscalía Suprema para reenviar el caso a la Sala Penal Nacional, no acoge el cuestionamiento de inconstitucionalidad hecho por la defensa al artículo 220 inciso 2 del Código de Procedimientos Penales, al sostenerse que la realización de conductas favorables hacia la acusación, como forzarla o promoverla, afecta la garantía del tribunal imparcial, pues en el viejo modelo, a diferencia del Nuevo Código Procesal Penal, la Sala que realiza la etapa intermedia es competente para la celebración del juicio oral. En el Nuevo Código Procesal Penal el Juez de la Etapa Intermedia no realiza el juicio oral, precisamente porque el Legislador del 2004, acertadamente, reconoce que éste termina contaminado procesalmente al realizar un procedimiento de control de requerimiento de sobreseimiento o de acusación; con mayor razón si también participa en la investigación preparatoria, por ejemplo como Juez de Garantía. 
 
El Ministerio Público, como era de esperarse, es renuente a aceptar la inconstitucionalidad de un procedimiento, el forzamiento de la acusación, que se viene aplicando por años en los procesos penales. 
 
Uno de los grandes dramas del proceso penal peruano, es que en el caso del Código de Procedimientos Penales de 1940 se aplicó y se aplica, en Lima sigue plenamente vigente, sin tener en cuenta la necesidad de realizar a cada una de sus disposiciones una “lectura constitucional”. 
 
El Código Zavala Loayza se dio estando vigente la Constitución de 1933, incluso antes que se dicte la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de 1979 y la actual de 1993. 
 
La “lectura constitucional” de normas procesales como el artículo 220 inciso 2 del Código de 1940 es un imperativo, que llevará a reconocer la inconstitucionalidad de más de una de sus disposiciones. 
 
La Fiscalía Suprema razona que si bien la Sala Superior determina la existencia de elementos probatorios para discrepar del dictamen no acusatorio, produciéndose esta valoración en la etapa intermedia y no en el juicio oral, donde se juzga y se produce la prueba, la imparcialidad judicial no se...
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